El Congreso de Perú está considerando un cambio significativo en la gestión del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que podría tener repercusiones importantes para la economía local y regional. La propuesta, que se basa en el proyecto de Ley 536/2021-CR, busca restringir al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de modificar las tasas del ISC a través de decretos. En caso de ser aprobada, cualquier cambio en las tasas del ISC tendría que ser realizado mediante nuevas leyes que pasen por el Congreso, lo que podría alterar la dinámica actual de la política tributaria en el país.

El ISC grava una variedad de bienes, incluyendo combustibles, bebidas alcohólicas, tabaco y automóviles, entre otros. Actualmente, el MEF tiene la facultad casi exclusiva de incrementar estas tasas, lo que ha generado críticas por la falta de debate y participación del Congreso en decisiones que afectan directamente a los consumidores y a las pequeñas y medianas empresas (mypes). Daniel Hermoza, presidente del gremio de las mypes, argumenta que esta medida desnaturaliza la función constitucional del Congreso en materia tributaria, ya que el ISC no solo es un impuesto recaudatorio, sino también un impuesto social diseñado para limitar el consumo excesivo de productos nocivos.

El impacto de un aumento en el ISC es claro: al incrementar los precios, se reduce la demanda de los productos gravados, lo que puede afectar negativamente las ventas de las bodegas y pequeños comercios. Hermoza advierte que el aumento del ISC también podría fomentar el contrabando y la informalidad, ya que los productos ilegales suelen ofrecerse a precios mucho más bajos que los legales. Esto no solo perjudica a los negocios formales, sino que también plantea riesgos para la salud pública, dado que los productos de contrabando no están sujetos a controles sanitarios.

Desde la perspectiva de los inversores, la propuesta de limitar la capacidad del Ejecutivo para modificar el ISC podría ofrecer cierta estabilidad y predictibilidad en la planificación económica. Sin embargo, también podría resultar en una respuesta más lenta del Congreso ante cambios económicos internacionales que podrían requerir ajustes rápidos en las tasas del ISC. Esto podría afectar a las empresas que dependen de la capacidad del gobierno para reaccionar ante fluctuaciones en el mercado global, lo que podría ser un factor a considerar al evaluar el clima de inversión en Perú.

Mirando hacia el futuro, la decisión del Congreso sobre esta propuesta será crucial. Si se aprueba, el Ejecutivo deberá decidir si acepta o rechaza la medida, lo que podría abrir un nuevo capítulo en la relación entre el Congreso y el Ejecutivo en Perú. Los inversores y empresarios deberán estar atentos a esta evolución, ya que podría influir en la estabilidad económica y en las decisiones de consumo en el país. Además, la situación en Perú podría tener repercusiones en la región, especialmente en un contexto donde otros países latinoamericanos enfrentan desafíos similares en sus políticas tributarias.