- Las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima se desarrollarán como APP, con un costo estimado de US$ 10,000 millones.
- La ATU ha separado presupuesto para facilitar la transición una vez que se publique el decreto del MEF.
- Se prevé la generación de ingresos no tarifarios a través de proyectos comerciales en las estaciones del metro.
- La ATU necesita reformar su norma orgánica y la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible para avanzar en la implementación.
- La Línea 2 del metro avanza sin contratiempos y se espera que esté operativa para 2028.
- La firma de la adenda para la ampliación de la Línea 1 se espera para el próximo mes, con una inversión de S/ 14,104.05 millones.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha dado un nuevo impulso a las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, que se han convertido en un proyecto esperado por más de una década. En un evento reciente, se anunció que estas líneas se desarrollarán bajo la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP), similar a lo que ha ocurrido con las Líneas 1 y 2. Sin embargo, a pesar de los avances en la planificación, la oficialización de este proyecto aún depende de un decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que se espera en las próximas semanas, pero que aún no se ha concretado.
El presidente de la ATU, David Hernández, ha indicado que el análisis técnico ya ha sido presentado al MEF, lo que sugiere que el proceso está en marcha. La ATU ha separado presupuesto para facilitar la transición una vez que se publique el decreto. Además, se ha planificado la contratación de una oficina de gestión de proyectos (PMO) para definir la estructura financiera de las líneas, lo que es crucial para atraer inversión privada. Se estima que el costo total de las Líneas 3 y 4 asciende a aproximadamente US$ 10,000 millones, lo que plantea desafíos significativos en términos de financiamiento.
Un aspecto innovador de este proyecto es la generación de plusvalías a través de ingresos no tarifarios, que se espera que aumenten la rentabilidad de las líneas. Esto incluye la posibilidad de desarrollar proyectos comerciales e inmobiliarios en las estaciones del metro, lo que podría abarcar desde centros comerciales hasta residencias multifamiliares. Este enfoque busca diversificar las fuentes de ingresos y hacer que el proyecto sea más atractivo para los inversionistas, lo que es esencial dado el alto costo de construcción y operación.
La ATU también enfrenta la necesidad de realizar ajustes normativos para facilitar la implementación de estos proyectos. Se requiere una reforma a su norma orgánica para permitir la formulación de proyectos comerciales vinculados a la infraestructura de transporte. Además, se busca modificar la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS) para otorgar a la ATU mayor control sobre las áreas de desarrollo del metro. Hernández ha expresado optimismo sobre alcanzar consensos en el nuevo Congreso, aunque también se contempla la posibilidad de trabajar con la Municipalidad Metropolitana de Lima si es necesario.
En cuanto a las Líneas 1 y 2, se ha confirmado que la Línea 2 avanza sin contratiempos y se espera que esté operativa para 2028. La Línea 1 también ha recibido luz verde para su ampliación, con una inversión estimada de S/ 14,104.05 millones. La firma de la adenda para esta ampliación se espera para el próximo mes, lo que podría abrir nuevas oportunidades de financiamiento y desarrollo en el sector del transporte en Lima. La evolución de estos proyectos es crucial no solo para la movilidad en la capital peruana, sino también para el clima de inversión en infraestructura en la región.
A medida que se avanza en la planificación y ejecución de estos proyectos, será importante monitorear la publicación del decreto supremo por parte del MEF y los avances en la contratación de la PMO. La capacidad de la ATU para implementar cambios normativos y trabajar en conjunto con otras entidades también será un factor determinante para el éxito de las Líneas 3 y 4. La atención a estos desarrollos puede ofrecer oportunidades de inversión en el sector de infraestructura, tanto para actores locales como internacionales, en un contexto donde la movilidad urbana es cada vez más crítica en las grandes ciudades de América Latina.
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