El abogado Mario Seoane, representante de la Asociación de Bonistas de la Reforma Agraria, ha indicado que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Perú está en proceso de cumplir con el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que ordena el pago de la deuda histórica relacionada con la reforma agraria. Este fallo, emitido en enero, incluye a los afectados por la reforma agraria implementada durante los gobiernos de Juan Velasco y Fernando Belaúnde. Seoane ha mencionado que el MEF ha solicitado una prórroga de 15 días para presentar un nuevo decreto que actualice la metodología de pago de los bonos agrarios, lo que sugiere que el proceso está avanzando, aunque con ciertas demoras.

La deuda agraria, que se remonta a más de 50 años, ha sido un tema de larga data en Perú. Según estimaciones de la Asociación de Bonistas, el monto actual de la deuda asciende a aproximadamente S/3.000 millones, una cifra inferior a la deuda de S/6.000 millones relacionada con el caso de Fonavi. Esta deuda se considera una deuda social, y el TC ha indicado que se debe tomar en cuenta los bonos emitidos bajo ambas reformas agrarias. Esto implica que el número de beneficiarios podría ser considerable, ya que se estima que alrededor de 300.000 personas podrían tener derecho a recibir pagos.

El proceso de pago ha sido complicado por la falta de un reglamento claro desde que el anterior procedimiento venció en 2019. La reciente solicitud de prórroga por parte del MEF es vista como un reconocimiento de la autoridad del TC y una señal de que el reglamento será emitido. Seoane ha expresado que espera que el nuevo decreto sea aprobado y publicado en las próximas semanas, lo que podría facilitar el inicio de los pagos a los bonistas. Sin embargo, la incertidumbre sobre posibles nuevas demoras persiste, dado el historial de retrasos en este asunto.

Una de las implicancias más significativas de este proceso es que el TC ha establecido que los bonistas deben tener la opción de elegir la forma de pago, ya sea en efectivo, bonos, tierras o créditos de inversión. Esto representa un cambio importante respecto a la situación anterior, donde el MEF tenía la última palabra en la elección del método de pago. Además, se ha indicado que las personas mayores de 70 años deben tener prioridad en el cobro de sus bonos, lo que podría acelerar el proceso para este grupo vulnerable.

A medida que se espera la aprobación del nuevo reglamento, los inversores y bonistas deben estar atentos a las fechas clave y a los avances en el proceso. La situación actual podría tener repercusiones en el mercado de bonos agrarios y en la percepción de la estabilidad económica del país. La aprobación del reglamento en las próximas semanas podría marcar un hito en la resolución de una deuda histórica que ha afectado a miles de peruanos durante décadas.