Las micro y pequeñas empresas (mypes) en Perú enfrentan una crisis severa, con más de 1.000 negocios cerrando en lo que va del año debido a la creciente delincuencia y extorsiones. Rodolfo Ojeda, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), advirtió que la situación es crítica, señalando que las mypes representan el 99% del tejido empresarial peruano y generan el 45% del empleo nacional. Sin embargo, este motor económico se encuentra al borde del colapso, con un incremento alarmante de la criminalidad que amenaza la viabilidad de estos negocios.

En 2025, se reportaron 2.200 cierres adicionales, lo que pone de manifiesto la tendencia negativa que afecta a este sector vital. Ojeda destacó que si no se toman medidas urgentes, se estima que 12 de cada 100 mypes podrían quebrar antes de que finalice el año. Las pérdidas económicas atribuibles a la delincuencia y extorsión superan los S/6.000 millones anuales, lo que representa un golpe significativo para la economía peruana.

El impacto de la inseguridad no solo se siente en las cifras de cierres, sino también en el aumento de las denuncias por extorsión, que ya superan las 16.000 en un año. Comerciantes, emprendedores y trabajadores independientes son los más afectados, lo que pone en riesgo la estabilidad laboral y el crecimiento económico del país. Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas del Perú, enfatizó que la falta de seguridad desincentiva la inversión y provoca el cierre de cientos de mypes cada año.

Ante esta situación alarmante, los gremios han exigido a los candidatos presidenciales y al Congreso que prioricen una agenda legislativa que aborde la seguridad y el alivio económico para las mypes. Entre las propuestas urgentes se encuentra la aprobación del Proyecto de Ley 11366, que busca fortalecer la protección de emprendedores frente al crimen organizado. También se demandan cambios en la legislación tributaria para facilitar el fraccionamiento de deudas y mejorar las condiciones fiscales de las mypes.

La presidenta de la Asociación Gremial de Mujeres Bodegueras del Perú, Carla Campos, destacó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) utiliza el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) como una herramienta de recaudación, lo que afecta directamente los precios de productos esenciales y, por ende, la rentabilidad de las mypes. La situación es crítica, y los gremios han hecho un llamado a convertir la problemática de las mypes en una prioridad nacional, ya que su bienestar es fundamental para la economía del país y, por ende, para la estabilidad social.