El Gobierno de Perú ha autorizado un nuevo financiamiento privado para Petro-Perú de hasta US$2.000 millones, con el objetivo de garantizar la adquisición de petróleo y el abastecimiento de combustible en el país. Este financiamiento se canalizará a través de un 'vehículo de propósito especial', que permitirá a la empresa estatal operar de manera más eficiente y con una estructura de gobernanza técnica. La medida fue aprobada mediante un Decreto de Urgencia, y se espera que la primera habilitación de US$500 millones se realice en los próximos 15 días, mientras que el monto total se habilitará en un plazo de ocho a diez semanas.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, ha enfatizado que este financiamiento no debe considerarse un rescate en el sentido tradicional, ya que provendrá de la banca privada internacional. Sin embargo, expertos en economía han expresado su preocupación, señalando que Petro-Perú enfrenta pérdidas estructurales y problemas de liquidez que podrían poner en riesgo la viabilidad de la empresa. David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, argumenta que el Estado está asumiendo riesgos significativos al respaldar a una empresa cuya solvencia ya es cuestionada.

Desde 2022, Petro-Perú ha recibido más de US$4.700 millones en diversas formas de apoyo financiero, incluyendo aportes de capital y ampliaciones de garantías. Esta cifra no incluye el nuevo financiamiento autorizado, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de la empresa a largo plazo. Además, el monto de este nuevo rescate podría ser utilizado para construir más de 300 colegios o 15 hospitales de alta complejidad, lo que subraya la magnitud de la decisión del Gobierno en un contexto de necesidades sociales apremiantes.

La creación de un fideicomiso administrado por ProInversión para gestionar estos fondos es un intento de garantizar una mayor transparencia y eficiencia en el uso de los recursos. Sin embargo, la falta de confianza en la gestión de Petro-Perú y la dependencia del Estado para cubrir posibles deudas generan un ambiente de incertidumbre. Si la empresa no logra generar los flujos necesarios para cubrir sus obligaciones, el Estado podría verse obligado a asumir la deuda, lo que afectaría el espacio fiscal para otras prioridades, como la electrificación rural y la salud.

A futuro, será crucial observar cómo se implementa este financiamiento y si realmente logra mejorar la eficiencia operativa de Petro-Perú. La primera habilitación de US$500 millones se espera en un plazo corto, lo que podría ofrecer una visión inicial sobre la capacidad de la empresa para recuperarse. Además, el impacto de esta medida en la percepción del riesgo fiscal del país y en la confianza de los inversores será un aspecto a monitorear, especialmente en un contexto donde el Gobierno ya enfrenta desafíos fiscales significativos.