El Gobierno de Perú ha aprobado un nuevo apoyo financiero a Petroperú, la petrolera estatal, mediante una línea de financiamiento que podría alcanzar hasta US$ 2,000 millones. Este apoyo ha sido presentado por las autoridades como una medida para evitar un rescate directo con recursos públicos, aunque la garantía que debe otorgar el Estado genera incertidumbre sobre las posibles consecuencias si la empresa no logra cumplir con sus obligaciones. A pesar de que el Poder Ejecutivo asegura que el crédito será reembolsado en un plazo de siete años sin afectar el tesoro público, los expertos han expresado serias dudas sobre la viabilidad de este plan.

Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, ha señalado que la sostenibilidad de este financiamiento depende de una separación clara entre los gastos operativos de la empresa y su deuda histórica, que asciende a US$ 6,000 millones. En condiciones normales, la refinería de Talara podría generar una utilidad operativa de aproximadamente US$ 10 por barril. Sin embargo, la actual situación geopolítica, marcada por la guerra en Irán, ha incrementado ese margen a US$ 40 por barril, lo que podría permitir a la refinería generar flujos de hasta US$ 1,400 millones anuales si procesa cerca de 100,000 barriles diarios.

A pesar de este potencial, los analistas advierten que, con la gestión actual de Petroperú, no hay garantías de que la empresa logre mejorar su situación financiera en los próximos años. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, ha destacado que no hay evidencia de avances significativos en la empresa, a pesar del aumento en los márgenes de refinación. La falta de confianza en la capacidad de Petroperú para generar ingresos suficientes plantea un riesgo considerable para las finanzas públicas del país, ya que cualquier incumplimiento podría recaer sobre el Estado.

El exministro David Tuesta ha subrayado que la estructura financiera creada por el nuevo decreto de urgencia podría ser interpretada como un camuflaje para un nuevo salvataje financiero, lo que podría afectar la credibilidad macroeconómica de Perú y limitar el margen de maniobra para otras necesidades sociales prioritarias. Aunque el fideicomiso y la estructura financiera buscan delimitar el uso de los recursos, el riesgo final sigue recayendo sobre el Estado, lo que podría tener repercusiones en la confianza de los inversores.

En medio de este contexto, las elecciones presidenciales en Perú están generando incertidumbre sobre el futuro de Petroperú. Los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez presentan posturas opuestas respecto a la empresa estatal. Mientras que Fuerza Popular aboga por una optimización operativa y la venta de activos no estratégicos, Juntos por el Perú propone que el Estado mantenga la gestión directa de los recursos energéticos. Esta polarización en las propuestas podría influir en la dirección futura de la empresa y su capacidad para enfrentar sus desafíos financieros.