El Gobierno de Perú ha dado un paso significativo al autorizar un salvavidas financiero de hasta US$ 2,000 millones para Petroperú, la principal petrolera estatal del país. Esta medida se formalizó a través del Decreto de Urgencia Nº 003-2026, publicado tras un cambio en la dirección de la compañía, y tiene como objetivo asegurar la continuidad operativa de la empresa en medio de una crisis financiera profunda. Este decreto permite a Petroperú participar en la creación de un vehículo de propósito especial que canalizará los recursos necesarios para su reestructuración y operación.

El decreto también autoriza al Ministerio de Energía y Minas (Minem) a asumir compromisos contingentes con entidades financieras, tanto nacionales como internacionales, hasta por un monto equivalente a US$ 2,000 millones. Este tipo de financiamiento es crucial, dado que Petroperú ha enfrentado pérdidas operativas significativas desde 2022, coincidiendo con el inicio de operaciones de la Nueva Refinería Talara. Según informes, la empresa ha acumulado pérdidas operativas que comprometen su viabilidad financiera y han erosionado su patrimonio neto de manera acelerada.

La situación de Petroperú es alarmante, ya que ha pasado de ser una empresa rentable entre 2016 y 2021 a enfrentar problemas severos de liquidez y dificultades para acceder a financiamiento privado. Moody's Ratings rebajó la calificación crediticia de la compañía en enero de este año, lo que ha generado incertidumbre en el mercado y ha dificultado la renovación de líneas de crédito. Esta crisis no solo afecta a la empresa, sino que también tiene implicaciones para el abastecimiento de combustibles en el país, lo que podría repercutir en la economía peruana en general.

Desde la perspectiva de los inversores, el hecho de que el Estado asuma riesgos financieros a través de compromisos contingentes plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de Petroperú a largo plazo. David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, ha señalado que esta decisión podría costarle al país en términos de riesgo fiscal y credibilidad macroeconómica. La utilización de fideicomisos y vehículos especiales para manejar estos recursos podría interpretarse como una garantía implícita del Estado, lo que podría afectar la percepción de los inversores sobre la estabilidad financiera del país.

A futuro, será crucial monitorear cómo se implementan estos recursos y si realmente logran estabilizar la operación de Petroperú. La ProInversión, que liderará el proceso de reestructuración, deberá informar anualmente sobre la situación financiera de la empresa. Además, el próximo gobierno tendrá que tomar decisiones importantes sobre la viabilidad de Petroperú y su capacidad para operar sin depender del financiamiento estatal. La situación de Petroperú podría influir en la percepción del riesgo país y en la confianza de los inversores en el mercado peruano, lo que a su vez podría tener repercusiones en la economía de la región, incluyendo a Argentina.