- El Gobierno de Perú ha aprobado un financiamiento de USD 2,000 millones para Petroperú, respaldado por garantías estatales.
- El Congreso está considerando derogar la reestructuración de Petroperú, lo que podría llevar a una situación de 'cross default'.
- Petroperú tiene deudas que superan los USD 5,500 millones, lo que aumenta el riesgo de incumplimiento si se deroga el decreto de urgencia.
- Se espera que en las próximas dos semanas se habiliten los primeros USD 500 millones del préstamo para cubrir necesidades de capital de trabajo.
- La capacidad de Petroperú para salir al mercado de capitales dependerá de la efectividad de la reestructuración y de la mejora en su gobernanza.
El Gobierno de Perú ha aprobado una línea de financiamiento de hasta USD 2,000 millones para Petroperú, respaldada por garantías estatales. Sin embargo, esta medida ha generado controversia, ya que analistas advierten sobre el riesgo que representa para las finanzas del país si la petrolera no logra cumplir con sus obligaciones. La reestructuración de Petroperú, que está siendo liderada por ProInversión, se encuentra en una situación crítica debido a un proyecto de ley en el Congreso que busca derogar esta reestructuración, lo que podría tener graves consecuencias para la empresa y para las cuentas fiscales del país.
Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión, ha señalado que la derogación de la reestructuración podría llevar a Petroperú a una situación de "cross default", donde la empresa no podría cumplir con sus obligaciones financieras, lo que obligaría al próximo Gobierno a enfrentar una presión fiscal sin precedentes. Actualmente, Petroperú tiene deudas que superan los USD 5,500 millones, y la falta de un marco legal adecuado para el financiamiento podría resultar en que los acreedores exijan el pago inmediato, complicando aún más la situación financiera del Estado peruano.
El Congreso, a través de su Comisión de Energía y Minas, ha estado considerando un predictamen que busca eliminar la norma que permite la reorganización de Petroperú. Esta decisión ha sido suspendida temporalmente mientras se convocan a diversas entidades, incluyendo a ProInversión, para discutir los riesgos asociados con la derogación del Decreto de Urgencia N° 010-2025. Del Carpio ha expresado su preocupación, enfatizando que la eliminación de este decreto podría hacer inviable la línea de financiamiento, lo que a su vez podría llevar a la empresa a una crisis de liquidez.
La situación es crítica, ya que sin el apoyo de ProInversión y sin el financiamiento aprobado, Petroperú podría enfrentar una inminente crisis de solvencia. Del Carpio ha indicado que, si se deroga el decreto, no habría un marco legal que permita acceder a la línea de financiamiento, lo que podría resultar en embargos de activos de la empresa. Esto no solo afectaría a Petroperú, sino que también tendría repercusiones en la economía peruana, dado que la empresa es un actor clave en el sector energético del país.
A pesar de los desafíos, hay un rayo de esperanza. Del Carpio ha mencionado que se espera que en las próximas dos semanas se habiliten los primeros USD 500 millones del préstamo, lo que podría ayudar a Petroperú a cubrir sus necesidades de capital de trabajo. Además, se espera que la empresa comience a generar ingresos suficientes para salir al mercado de capitales y emitir deuda en un plazo de uno a dos años. Esto dependerá en gran medida de la efectividad de la reestructuración y de la capacidad de la empresa para mejorar su gobernanza y eficiencia operativa. La situación actual del mercado del petróleo, que ha visto un aumento de precios debido a la guerra en Medio Oriente, podría jugar a favor de Petroperú, siempre que la empresa logre estabilizar su operación y cumplir con sus compromisos financieros.
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