Petroperú se encuentra en una crisis estructural que ha generado altos costos para el Estado peruano y ha puesto en riesgo su sostenibilidad. La empresa ha acumulado cuatro años consecutivos con márgenes operativos negativos, lo que significa que no está generando ingresos suficientes para cubrir sus costos operativos, sin contar los intereses de su deuda. Esta situación crítica ha llevado al gobierno a implementar el Decreto de Urgencia (DU) N° 010-2025, que se presenta como un primer paso para revertir la crisis, aunque se reconoce que se necesita una transformación integral que dependa del compromiso político de las nuevas autoridades y decisiones técnicas adecuadas.

La situación financiera de Petroperú es alarmante. Desde 2010 hasta 2025, la relación de su endeudamiento respecto a su patrimonio se ha triplicado, mientras que su capacidad de generar efectivo para cubrir pagos a corto plazo se ha reducido a un tercio. La inversión en la Nueva Refinería de Talara, que actualmente opera con fallas, ha exacerbado los problemas. Además, la política de precios de la empresa necesita ser revisada, y su estructura de personal es rígida, lo que limita su capacidad de adaptación a las condiciones del mercado.

En el ámbito institucional, la inestabilidad ha sido la norma. En la última década, Petroperú ha tenido 19 gerentes generales y 21 presidentes de directorio, con una duración promedio en sus cargos de solo seis y siete meses, respectivamente. Esta alta rotación refleja una fuerte injerencia política que dificulta la planificación y erosiona la capacidad técnica de la organización. La dependencia de la empresa de recursos públicos ha sido evidente, con un apoyo estatal estimado en S/25,300 millones desde 2013, lo que equivale a más de 300 colegios de alto rendimiento o 100 hospitales de alta complejidad.

El futuro de Petroperú está en juego, especialmente con las proyecciones sobre la composición del próximo Senado, que indican que 30 de los 60 escaños podrían estar ocupados por representantes de partidos con posturas variadas respecto a la reforma necesaria. Esto es crucial, ya que la consolidación del DU en una norma con rango de ley es esencial para reducir el riesgo de retrocesos en la reforma. La urgencia de un nuevo salvataje, que podría ascender a US$2,000 millones, confirma la alta dependencia de la empresa de recursos públicos para su operación.

Para transformar sosteniblemente Petroperú, es imperativo abordar al menos cuatro frentes: asegurar una gobernanza sólida, reordenar el patrimonio para incluir participación privada, alcanzar estabilidad operativa y comercial, y dinamizar el sector de hidrocarburos para atraer nuevas inversiones. La reforma es compleja y requerirá tiempo y consistencia en su ejecución, así como la capacidad de resistir retrocesos políticos. Las decisiones que tomen las nuevas autoridades tendrán implicaciones directas sobre la sostenibilidad fiscal y el desarrollo del sector hidrocarburos en Perú, lo que también puede influir en la percepción de riesgo de los inversores en la región.

La situación de Petroperú es un recordatorio de la importancia de la estabilidad política y la gobernanza en la gestión de empresas estatales. Los inversores deben estar atentos a cómo se desarrollan las negociaciones políticas en el nuevo Senado y a la implementación de las reformas necesarias. La fecha de las elecciones y la composición final del Senado serán factores determinantes en el futuro de la empresa y, por ende, en la economía peruana en general.