Las elecciones en Perú de 2026 se presentan como un nuevo desafío para la estabilidad económica del país. En la primera vuelta, los resultados han sido ajustados, con Keiko Fujimori y Roberto Sánchez como los principales candidatos. Fujimori, quien ha sido candidata en múltiples ocasiones, busca consolidar el modelo económico actual, mientras que Sánchez, exministro de Pedro Castillo, propone un cambio radical que podría desmantelar las estructuras institucionales que han sostenido el crecimiento económico en las últimas dos décadas. Esta polarización política se refleja en el contexto económico, donde la incertidumbre puede afectar la inversión y el crecimiento.

La historia reciente de Perú ha sido marcada por una notable disociación entre el desempeño económico y la inestabilidad política. A pesar de la rotación de presidentes y crisis políticas, la economía peruana ha mantenido un crecimiento sostenido, acumulando reservas y manteniendo una inflación relativamente baja. Sin embargo, la fragilidad de esta situación se ha vuelto evidente en el contexto electoral actual, donde la legitimidad de los resultados ya está en duda, lo que podría generar un ambiente de inestabilidad que afecte la confianza de los inversores.

El nuevo Senado, que tiene una mayoría de partidos de derecha, podría actuar como un contrapeso a las propuestas más radicales de Sánchez, quien busca una asamblea constituyente y una nueva carta magna. Sin embargo, la capacidad de cualquier presidente para implementar su agenda dependerá en gran medida de su relación con el Congreso. Fujimori podría encontrar apoyo legislativo para su enfoque pro-inversión, mientras que Sánchez enfrentaría una resistencia significativa, lo que podría llevar a una parálisis política.

En términos de contexto económico, Perú se beneficia actualmente de precios elevados en materias primas como el cobre y el oro, lo que ha permitido un crecimiento proyectado del 3,2% para 2026. Sin embargo, el aumento en los precios del petróleo, impulsado por tensiones geopolíticas, podría erosionar esta ventaja y aumentar los costos de importación. La economía peruana, que ha logrado resistir crisis pasadas, enfrenta ahora desafíos estructurales que requieren un liderazgo político efectivo para ser abordados, como la creciente minería ilegal y la falta de inversión en infraestructura.

De cara al futuro, la capacidad de Perú para aprovechar su riqueza en recursos naturales dependerá de la estabilidad política y de la capacidad del nuevo gobierno para implementar reformas necesarias. Las elecciones de junio serán cruciales para determinar si el país puede mantener su trayectoria de crecimiento o si se verá atrapado en un ciclo de crisis. La comunidad inversora estará atenta a cómo se desarrollan estos eventos, ya que el costo de no lograr una gobernabilidad efectiva podría ser alto en un entorno global volátil.