El colectivo de discapacidad en la provincia de Corrientes ha expresado un fuerte rechazo al proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad que el Gobierno nacional ha enviado al Congreso. La licenciada Marcela Kriscovich, referente de la Asociación Civil Prestadores de Discapacidad Unidos (PDU), ha calificado esta iniciativa como una "cachetada" y ha advertido que su objetivo es desarticular el sistema de prestaciones vigente. Kriscovich señala que el proyecto vulnera la Ley 24.901, ya que busca eliminar el valor nomenclador nacional, lo que permitiría que cada obra social o prepaga fije de manera arbitraria el monto que paga a los prestadores, rompiendo así la equidad que actualmente garantiza que todos los profesionales del país cobren lo mismo por idéntica práctica.

Uno de los aspectos más controvertidos de la ley es la obligatoriedad de un reempadronamiento para todos los titulares de pensiones por invalidez. La normativa propuesta exige que los beneficiarios acrediten nuevamente su condición médica y socioeconómica, bajo la amenaza de suspensión automática del beneficio. Kriscovich ha calificado esta medida como "una locura", argumentando que obliga a las personas a realizar nuevamente todos los trámites y a esperar, tratando a todos los beneficiarios como si sus pensiones fueran fraudulentas. Esta situación podría generar un gran descontento y angustia entre quienes dependen de estas pensiones para su subsistencia.

Además, la crítica se extiende hacia la falta de transparencia del Gobierno nacional, que no ha proporcionado datos precisos sobre las auditorías que justifican esta medida. Kriscovich ha señalado que nunca se ha publicado el número de casos fraudulentos en comparación con los legítimos, lo que genera desconfianza en la población. La diputada nacional Virginia Gallardo, quien ha apoyado el proyecto, también ha sido objeto de críticas por no conocer la realidad de los centros de discapacidad en Corrientes, lo que pone en duda la efectividad de su apoyo a la inclusión.

Si se aprueba esta ley, el nuevo esquema de emergencia podría establecer cambios drásticos en la asistencia estatal. Por ejemplo, el Estado tendría la facultad de suspender preventivamente pensiones ante cualquier "inconsistencia" detectada en cruces de información entre ANSES, ARCA (ex AFIP) y otros organismos, antes de que el beneficiario pueda ejercer su defensa. Además, se propone un recorte de haberes, fijando la pensión en un 70% del haber mínimo y eliminando la posibilidad de otorgar plus por zona geográfica desfavorable o invalidez laboral. Esto podría llevar a una reducción significativa en la calidad de vida de muchas personas con discapacidad.

Desde PDU Corrientes han instado a los legisladores nacionales que representan a la provincia a no apoyar el proyecto. Kriscovich concluyó que esperan que se exija el cumplimiento de la ley vigente, que ha costado mucho esfuerzo conseguir. La situación en Corrientes refleja un problema más amplio en la región, donde las políticas públicas en materia de discapacidad están siendo cuestionadas. La comunidad de discapacidad en Argentina está en alerta, y es fundamental seguir de cerca la evolución de este proyecto de ley y su posible impacto en la calidad de vida de miles de argentinos que dependen de estas prestaciones.