La minería peruana sigue siendo un pilar fundamental de la economía, representando el 65% de las exportaciones del país. Durante el XV Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores (ProExplo 2026), se destacó que la exploración es la primera etapa del ciclo minero, donde se evalúan las condiciones geológicas y económicas de los proyectos. Patricia Vizcarra, gerente de Responsabilidad Social en BHP, subrayó que en un mundo que demanda recursos, especialmente en el marco de la transición energética, Perú tiene el potencial de convertirse en un proveedor clave a nivel internacional.

Sin embargo, la exploración minera enfrenta importantes obstáculos, principalmente relacionados con la tramitología y la fragmentación de normas. Vizcarra y Miyanou Dufour, socia del estudio Hernández & Cía, señalaron que la creciente cantidad de permisos requeridos no siempre está bien integrada, lo que complica el proceso para las empresas. Además, las normas aplicables a la exploración y explotación son similares, lo que puede generar confusión y retrasos en la obtención de permisos.

Otro aspecto crítico es la capacidad institucional del Estado, que se ve afectada por la falta de recursos humanos y técnicos, así como por la alta rotación de personal en el sector público. Esto se traduce en una carga operativa elevada y en dificultades para articular esfuerzos entre las distintas entidades involucradas en el proceso de permisos. La incertidumbre generada por los largos plazos de espera para obtener permisos puede desincentivar la inversión en el sector, lo que podría tener repercusiones en la producción futura de minerales.

La comunicación efectiva con las comunidades también es un desafío significativo. Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, advirtió que los costos de gestionar conflictos sociales en la minería pueden ser hasta 60 veces más altos en la etapa de operación que en la de exploración. En América Latina, se estima que la minería ha perdido alrededor de 12,000 millones de dólares en inversión entre 2015 y 2024 debido a conflictos sociales, muchos de los cuales se originan en fallas comunicativas.

Para mejorar la situación, se sugieren reformas que permitan una gestión más eficiente del Estado y una mayor seguridad jurídica. Se propone la creación de un catastro unificado nacional y una ventanilla única para simplificar los trámites. Además, se considera que la implementación de procedimientos automáticos y el uso de inteligencia artificial podrían optimizar los procesos administrativos. Estos cambios son vitales para que Perú pueda satisfacer la creciente demanda mundial de minerales, especialmente de cobre, que se proyecta alcanzará los 37 millones de toneladas hacia 2050, mientras que la producción actual podría caer a 17 millones sin nuevos descubrimientos.