El Gobierno de Perú ha autorizado un financiamiento de hasta US$ 2,000 millones para Petroperú, a través de un esquema financiero que no implica un rescate directo del Tesoro Público. Esta decisión fue anunciada por el primer ministro Luis Arroyo Sánchez, quien enfatizó que los fondos provendrán de la banca privada internacional y se canalizarán mediante un fideicomiso controlado por ProInversión. Este mecanismo busca garantizar la compra de crudo y el abastecimiento de combustibles, lo que es crucial para el funcionamiento de la petrolera estatal.

La situación financiera de Petroperú es crítica, con un capital de trabajo negativo y una deuda a proveedores que asciende a US$ 2,500 millones. Este nuevo financiamiento tiene como objetivo principal atender estas obligaciones y asegurar la continuidad de las operaciones de la empresa. Según Arroyo, este esquema no se considera un endeudamiento público, ya que no afecta los límites de la deuda del país, lo que podría ser un alivio para las finanzas peruanas en un contexto donde la estabilidad económica es esencial.

El director ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, detalló que en los próximos días se anunciará la banca internacional que participará en este financiamiento. Además, se establecerá un protocolo para la utilización del fideicomiso y se creará una sociedad de propósito especial que actuará como subsidiaria de Petroperú. Este enfoque moderno busca asegurar que los recursos se utilicen de manera eficiente y controlada, evitando que se conviertan en un gasto sin retorno.

Desde el anuncio, se espera que en un plazo de 15 días se habilite la primera línea de crédito de hasta US$ 500 millones, lo que permitirá a Petroperú atender de inmediato sus necesidades de capital de trabajo. A largo plazo, se prevé que la línea total de financiamiento esté completamente operativa en un plazo de 8 a 10 semanas. Esto significa que, si todo sale según lo planeado, el próximo gobierno ya podría contar con un Petroperú más estable y con mejores perspectivas de operación.

Sin embargo, la crítica hacia este mecanismo no se ha hecho esperar. Aunque el gobierno asegura que no se trata de un salvataje, existe preocupación sobre las implicancias de que, si Petroperú no logra cumplir con sus obligaciones, el Estado podría verse obligado a intervenir. Esto plantea un riesgo potencial para las finanzas públicas, aunque las autoridades han insistido en que la responsabilidad de la deuda recae en la empresa y no en el Estado. Los inversores deben estar atentos a cómo se desarrollan estos acontecimientos y a las decisiones que tome el nuevo gobierno respecto a la gestión de Petroperú y su impacto en el sector energético del país.