- El informe de KPMG identifica a Ingresos Brutos como un tributo que encarece significativamente los precios y servicios.
- En 2026, las autoridades fiscales no aumentaron las alícuotas nominales, pero ajustaron variables que incrementan la carga tributaria efectiva.
- La provincia de Buenos Aires reformuló su esquema de alícuotas reducidas, aumentando los límites nominales en un 60%.
- Chaco redujo su alícuota general del 3% al 2.9%, mientras que otras provincias mantienen o incrementan sus tasas.
- Los ajustes en los parámetros de facturación afectan a un mayor número de contribuyentes, aumentando la presión fiscal sin cambios evidentes en las alícuotas.
- La situación fiscal actual plantea desafíos para la rentabilidad de las empresas y la inversión en Argentina.
El impuesto sobre los Ingresos Brutos ha sido objeto de un intenso debate en el ámbito fiscal argentino, especialmente en el contexto de la presión tributaria sobre las empresas. Un informe reciente de KPMG señala que este tributo es uno de los principales factores que encarecen los precios y servicios en el país. A pesar de que en 2025 se registró un incremento en las alícuotas, para 2026 las autoridades fiscales optaron por no aumentar estas tasas nominales, pero implementaron ajustes en otros parámetros que resultan en una carga tributaria efectiva mayor para los contribuyentes.
Fernando Quiroga Lafargue, socio de Impuestos de KPMG, destaca que la reforma fiscal profunda es poco probable sin una readecuación del impuesto sobre los Ingresos Brutos. A pesar de la identificación de este tributo como nocivo para la actividad económica, las autoridades continúan aumentando la recaudación a través de mecanismos menos evidentes. En 2026, aunque no se realizaron aumentos directos en las alícuotas, se han ajustado variables que incrementan la carga tributaria, lo que genera un aumento implícito en el pago del impuesto.
Juan Gattesco, asociado de Tax & Legal de SMS Buenos Aires, señala que cada provincia tiene la facultad de establecer alícuotas para diferentes actividades económicas. En términos generales, las modificaciones para 2026 no han sido significativas en comparación con 2025, aunque algunas provincias, como Chaco, han reducido su alícuota general del 3% al 2.9%. Sin embargo, otras jurisdicciones han mantenido o incluso incrementado sus tasas, lo que contribuye a una mayor presión fiscal sobre las empresas.
Desde Andersen Argentina, se coincide en que no se han registrado reducciones en las alícuotas nominales del impuesto para 2026. En cambio, se han introducido ajustes en los parámetros y escalas de facturación que afectan directamente la carga efectiva del impuesto. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, se reformuló el esquema de alícuotas reducidas, incorporando más tramos de facturación y actualizando los límites nominales en un 60%, lo que supera la inflación del 31.5% del período anterior. Esto implica que ciertos contribuyentes podrían enfrentarse a tasas más altas debido a la ampliación del universo de contribuyentes alcanzados por las tasas más elevadas.
La situación actual de los Ingresos Brutos plantea un desafío para las empresas, que deben adaptarse a un entorno fiscal cada vez más complejo. Los gobernadores han logrado aumentar la presión impositiva sin que esto sea evidente a simple vista, lo que podría afectar la rentabilidad de los negocios y, en consecuencia, la inversión en el país. Para los inversores, es crucial estar atentos a cómo estas modificaciones fiscales impactan en la actividad económica y en la competitividad de las empresas en el mercado argentino.
A futuro, será importante monitorear las decisiones fiscales de las provincias y cómo estas afectan la carga tributaria de las empresas. Las reformas fiscales y los ajustes en las alícuotas y parámetros de recaudación continuarán siendo un tema central en el debate económico, especialmente en un contexto donde la presión fiscal es cada vez más intensa. Las autoridades fiscales deberán encontrar un equilibrio entre la necesidad de recaudar y el impacto que esto tiene en la actividad económica y la inversión en el país.
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