El gobierno de José María Balcázar está considerando una serie de cambios fiscales que incluyen el aumento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y la reducción del ‘drawback’, que actualmente se sitúa en un 3% y podría bajar a un 1%. Estas medidas han sido objeto de críticas por parte de diversos gremios empresariales, quienes advierten que podrían afectar negativamente la competitividad y el crecimiento económico del país. La Asociación de Bodegueros del Perú (ABP) ha señalado que estas modificaciones podrían provocar un aumento en los precios de productos de consumo masivo, lo que a su vez podría elevar la inflación y fomentar el contrabando.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) también ha expresado su preocupación, argumentando que un incremento en el ISC tendría un efecto regresivo sobre la población más vulnerable. En un contexto donde la economía peruana ya enfrenta desafíos significativos, estas propuestas podrían intensificar las dificultades para los sectores más desfavorecidos. Por otro lado, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) ha indicado que el objetivo de estas medidas es incrementar la recaudación fiscal, en un momento en que las cuentas públicas están deterioradas, en parte debido a la presión del gasto público por proyectos aprobados por el Congreso.

El impacto de estas decisiones fiscales podría ser amplio. Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, ha mencionado que existe un borrador de Decreto Supremo que contempla la reducción del ‘drawback’ desde el 1 de julio, además de la inclusión de nuevos productos en el régimen de percepción del IGV, como los pollos vivos. También se propone aumentar el ISC para bebidas alcohólicas en función de su grado alcohólico. Estas medidas, si se implementan, podrían generar un descontento generalizado entre los consumidores y las empresas, afectando la dinámica del mercado.

Desde la perspectiva de los inversores, es crucial observar cómo estas políticas fiscales impactarán en el clima de negocios en Perú. Un aumento en los impuestos podría desincentivar la inversión, especialmente en sectores que ya enfrentan márgenes de ganancia ajustados. Además, la incertidumbre generada por cambios fiscales en un gobierno de transición podría llevar a las empresas a reconsiderar sus planes de expansión y contratación. Esto es relevante no solo para los actores locales, sino también para los inversores argentinos que operan en la región, ya que un entorno económico inestable en Perú podría tener repercusiones en el comercio bilateral y en las inversiones cruzadas.

A futuro, es importante monitorear la evolución de estas propuestas y su discusión en el Congreso peruano. La fecha de implementación del nuevo régimen fiscal, que podría comenzar el 1 de julio, será un punto clave a seguir. Además, la reacción de los gremios empresariales y la respuesta del nuevo gobierno electo, que asumirá en las próximas semanas, serán determinantes para entender el rumbo económico del país. Los inversores deben estar atentos a las señales de cambios en la política fiscal y su posible impacto en la inflación y el crecimiento económico en Perú y, por extensión, en la región.