Durante un reciente debate presidencial en Perú, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, defendió su gestión como Ministro de Comercio Exterior y Turismo, destacando la reducción del Impuesto General a las Ventas (IGV) del 18% al 8% para microempresas y pequeñas empresas en el sector turismo. Esta medida, vigente desde septiembre de 2022 y extendida hasta 2027, fue presentada como un impulso para la recuperación del sector tras los estragos de la pandemia. Sin embargo, el Banco Mundial ha emitido un informe que cuestiona la efectividad de esta política, sugiriendo que no ha generado los beneficios esperados en términos de empleo o ventas, y ha contribuido a fomentar la informalidad en la economía peruana.

El informe del Banco Mundial, titulado “Revisión de Finanzas Públicas para el Perú”, analiza datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y concluye que la reducción del IGV no ha tenido un impacto positivo en los indicadores económicos del sector. Según el análisis, las empresas beneficiadas no han mostrado un aumento significativo en sus niveles de empleo o ventas, manteniendo sus cifras en niveles similares a los previos a la implementación de la medida. De hecho, se estima que la recaudación del IGV ha disminuido en aproximadamente un 1% mensual, sin que esto se traduzca en una mejora en la actividad económica.

Los economistas han señalado que, aunque la intención detrás de la reducción del IGV era reactivar el sector turístico, el resultado ha sido contrario a lo esperado. La menor tasa de tributación ha llevado a las empresas a solicitar menos comprobantes de pago a sus proveedores, lo que, a su vez, ha incentivado la informalidad. Esta situación se agrava en un contexto donde la informalidad ya es un problema significativo en la economía peruana, afectando la recaudación fiscal y la competencia leal entre empresas.

Para los inversores y empresarios, la crítica del Banco Mundial a esta medida representa un llamado de atención sobre la necesidad de políticas tributarias más efectivas y sustentadas en evidencia. La falta de monitoreo y evaluación de las medidas fiscales puede llevar a decisiones que, aunque bien intencionadas, resulten perjudiciales para la economía en general. En este sentido, el próximo gobierno enfrentará el desafío de revisar y ajustar estas políticas para asegurar que realmente contribuyan al crecimiento y formalización del sector.

A futuro, será crucial observar cómo el nuevo gobierno aborda la cuestión de la informalidad y la efectividad de las políticas tributarias. La evaluación de medidas como la reducción del IGV debería ser prioritaria, especialmente en un contexto donde las finanzas públicas se encuentran debilitadas. La implementación de incentivos fiscales debe estar acompañada de un análisis riguroso y un monitoreo constante para evitar consecuencias no deseadas que puedan afectar la economía a largo plazo.