Durante el tercer bloque del debate presidencial en Perú, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, presentó su propuesta de convertir el ingreso a las universidades públicas en un "derecho libre y universal". Esta medida busca abordar la desigualdad en el acceso a la educación superior, un tema crítico en un país donde el 60% de los jóvenes no accede a la educación universitaria. Sánchez detalló que la implementación de esta política se realizará de manera estratificada, lo que sugiere un enfoque gradual que podría facilitar la transición hacia un sistema educativo más inclusivo.

Además, Sánchez se comprometió a reconocer y saldar la deuda social con los docentes, lo que implica un aumento en los salarios de los maestros de educación superior. Este compromiso podría tener un impacto significativo en la calidad de la educación, dado que la remuneración adecuada es un factor clave para atraer y retener talento en el sector educativo. En el contexto actual, donde la educación ha sido severamente afectada por la pandemia, estas propuestas podrían revitalizar el sector y mejorar los resultados académicos a largo plazo.

En el ámbito de la salud, el candidato también anunció planes para aumentar el presupuesto de salud del 6% al 9% del Producto Bruto Interno (PBI), así como la creación de policlínicos en áreas rurales y la implementación de un programa que asignará un psicólogo por colegio. Estas iniciativas son especialmente relevantes en un país donde el acceso a servicios de salud es limitado, y donde la salud mental ha cobrado mayor relevancia tras la crisis sanitaria. El aumento del presupuesto podría generar un alivio significativo en el sistema de salud pública, que ha enfrentado múltiples desafíos en los últimos años.

Sánchez también abordó la necesidad de una reforma tributaria para financiar estos programas sociales, señalando que la presión tributaria actual en Perú es del 14%, muy por debajo del promedio de 22% en América Latina. Esto sugiere que hay un amplio margen para mejorar la recaudación fiscal, lo que podría facilitar la implementación de sus propuestas. Sin embargo, la viabilidad de estas reformas dependerá de la capacidad del nuevo gobierno para gestionar la oposición política y la resistencia de ciertos sectores económicos que podrían verse afectados por cambios en la política fiscal.

A medida que se acercan las elecciones, los inversores deben prestar atención a cómo estas propuestas podrían influir en la estabilidad económica de Perú. Un aumento significativo en el gasto público, especialmente en educación y salud, podría generar presiones inflacionarias si no se acompaña de un aumento en la recaudación fiscal. Además, la implementación de una reforma tributaria podría afectar a las empresas, lo que podría tener repercusiones en el mercado de bonos y acciones en el país. Los próximos meses serán cruciales para observar cómo se desarrollan estas propuestas y su impacto en la economía peruana y, por ende, en la región.