A menos de dos meses de finalizar su mandato, el Gobierno de José María Balcázar en Perú está considerando un decreto supremo que podría modificar varios aspectos tributarios, incluyendo el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el régimen de drawback. Estas modificaciones buscan aumentar los ingresos fiscales del Estado en un contexto donde se ha anunciado un nuevo crédito suplementario para obras, que ya ha sido remitido al Congreso. Los gremios empresariales han expresado su preocupación, indicando que tales cambios podrían tener un efecto negativo en las exportaciones no tradicionales y en la inversión, poniendo en riesgo miles de empleos.

Las propuestas incluyen un aumento del ISC para productos como la cerveza y otras bebidas, donde se plantea que el componente específico del ISC se eleve a 0,0535% de la UIT por litro, lo que representaría un incremento significativo. Además, se propone una reducción del drawback a 1% a partir de julio de 2026, lo que podría desincentivar la competitividad de las exportaciones peruanas. Desde ComexPerú, se ha señalado que introducir cambios de esta magnitud en plena ejecución del año fiscal genera incertidumbre y debilita la confianza necesaria para sostener la actividad económica formal.

El impacto de estas medidas podría ser considerable, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), que representan más del 70% del tejido empresarial en Perú. Estas empresas, que ya enfrentan desafíos significativos, podrían ver una desaceleración en sus operaciones debido a la carga fiscal adicional. En el comunicado firmado por 15 asociaciones empresariales, se advierte que la implementación de estas disposiciones podría desacelerar nuevas inversiones y poner en riesgo miles de puestos de trabajo vinculados a las cadenas productivas y exportadoras que operan en el país.

Desde el gremio empresarial se ha solicitado un análisis más amplio y participativo de las medidas tributarias en evaluación, enfatizando la necesidad de considerar sus impactos sobre la competitividad, la inversión y el empleo formal. La preocupación radica en que el deterioro reciente de las cuentas fiscales se debe, en gran medida, a decisiones del Congreso que han incrementado las presiones sobre el gasto público, lo que sugiere que cualquier estrategia de consolidación fiscal debe abordar la calidad y eficiencia del gasto estatal.

De cara al futuro, es crucial monitorear cómo se desarrollan estas discusiones en el Congreso y si se implementarán cambios en el corto plazo. La fecha de inicio de vigencia de algunas de estas medidas, como la reducción del drawback, está programada para julio de 2026, lo que indica que el impacto inmediato podría ser limitado, pero las decisiones que se tomen en las próximas semanas tendrán repercusiones a largo plazo en la economía peruana y, potencialmente, en la región. Los inversores deben estar atentos a las reacciones del mercado y a cómo estas políticas podrían influir en la dinámica de inversión en Perú y su relación con otros países de la región, como Argentina, que también enfrenta sus propios desafíos económicos.