La novena edición del Marval Summit de Compliance, Anticorrupción e Investigaciones 2026 ha dejado importantes definiciones sobre el futuro de la Ley 27.401, que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en Argentina. Aunque esta normativa fue promulgada en 2018, su aplicación ha sido limitada hasta el momento. Gustavo Giay, socio del estudio Marval O’Farrell Mairal, destacó que el avance hacia un sistema más institucionalizado es evidente, aunque aún queda mucho por hacer. La causa Cuadernos, que actualmente se encuentra en juicio oral, es un ejemplo de cómo la justicia está comenzando a tomar medidas más firmes contra la corrupción, aunque la Ley 27.401 no se aplica a este caso específico debido a que los hechos ocurrieron antes de su promulgación.

El contexto regional también es relevante, especialmente en relación con el escándalo de Lava Jato, que expuso una vasta red de sobornos en Brasil. Este caso había dominado las conversaciones sobre corrupción en América Latina, pero, según Lorena Schiariti, hoy en día ya no es el principal referente. En su lugar, el escándalo del Banco Master ha cobrado protagonismo, con investigaciones por fraude que se remontan a 2025. Este cambio en el foco de atención refleja no solo la evolución de los casos de corrupción en la región, sino también la necesidad de un marco normativo más robusto que permita combatir estos delitos de manera efectiva.

A pesar de los avances en la legislación, persisten desafíos significativos. La corrupción sigue siendo una de las principales preocupaciones de los votantes argentinos, ocupando el tercer o cuarto lugar en las encuestas, justo detrás de la inflación y la inseguridad. Esto sugiere que, aunque se han hecho esfuerzos para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, la percepción pública sobre la corrupción sigue siendo negativa. Diego Cabot, prosecretario de Redacción de LA NACION, enfatizó que la corrupción no solo implica un retorno económico, sino también un lobby que favorece a ciertos actores en detrimento de otros, lo que complica aún más la lucha contra este fenómeno.

El impacto de la corrupción en la reputación de las empresas es otro aspecto crítico. Cuando se descubre que una empresa ha obtenido contratos a través de sobornos, las consecuencias pueden ser devastadoras. La periodista Guadalupe Vázquez subrayó que la falta de protección para los denunciantes es un obstáculo importante en la lucha contra la corrupción. Sin un sistema que garantice la seguridad de quienes se atreven a hablar, es probable que se desincentive a futuros arrepentidos, lo que a su vez perpetúa el ciclo de corrupción.

Mirando hacia el futuro, es crucial que las empresas y los inversores estén atentos a cómo se implementará la Ley 27.401 y qué medidas adicionales se adoptarán para fortalecer el cumplimiento normativo. La reciente priorización por parte del gobierno de Estados Unidos de ciertos factores bajo la FCPA, como los vínculos con carteles y la seguridad nacional, podría influir en cómo se aplican las normativas en la región. La evolución de estos casos y la respuesta de las autoridades serán determinantes para el clima de inversión en Argentina y en toda América Latina, especialmente en un contexto donde la corrupción sigue siendo un tema candente.

En resumen, la lucha contra la corrupción en Argentina enfrenta tanto avances como retrocesos. La Ley 27.401 representa un paso hacia adelante, pero su efectividad dependerá de su aplicación y del contexto político y social en el que se desarrolle. Las empresas deben estar preparadas para adaptarse a un entorno normativo en evolución y considerar las implicaciones de la corrupción en su estrategia de negocio.