En Perú, el Congreso avanza en la aprobación de un proyecto de ley que propone extender el plazo para que los trabajadores puedan reclamar deudas laborales a sus empleadores. Actualmente, este plazo es de cuatro años, pero el nuevo dictamen, aprobado en la Comisión de Trabajo, lo ampliaría a diez años. Esta medida busca facilitar el acceso a la justicia laboral para aquellos trabajadores que, por diversas razones, no han podido ejercer sus derechos en el tiempo estipulado.

La propuesta, que se basa en el proyecto de ley N° 10661, argumenta que la extensión del plazo ayudará a reducir la impunidad en casos de incumplimientos laborales. En la exposición de motivos se menciona que muchos trabajadores enfrentan dificultades económicas o desconocimiento de la normativa, lo que les impide reclamar oportunamente. La intención es igualar el plazo de prescripción de las acciones laborales con el de las obligaciones civiles, que actualmente es de diez años, lo que se considera una protección adecuada para los derechos laborales.

Sin embargo, la propuesta no está exenta de críticas. Abogados laboralistas como Germán Lora y Ricardo Herrera han expresado su preocupación por la extensión del plazo. Lora sugiere que el plazo debería ser más corto, no excediendo los doce meses desde la terminación del vínculo laboral, argumentando que los créditos laborales tienen una naturaleza alimentaria y deben ser cobrados con urgencia. Por su parte, Herrera advierte que un plazo de diez años podría afectar la seguridad jurídica de las empresas, aumentando sus costos operativos y complicando la gestión documental.

La medida, si se aprueba, podría tener implicancias significativas para las empresas en Perú. Con un plazo de prescripción más largo, las empresas tendrían que mantener documentos laborales por un período extendido, lo que podría incrementar sus costos de almacenamiento y gestión documental. Además, la incertidumbre sobre posibles reclamos laborales podría afectar la planificación financiera y la inversión en el país, ya que las empresas podrían ser más cautelosas al contratar personal o al expandir sus operaciones.

A futuro, será importante monitorear la evolución de este proyecto de ley en el Congreso y su eventual implementación. La discusión sobre el equilibrio entre la protección de los derechos laborales y la seguridad jurídica de las empresas es crucial. La fecha de aprobación final y su impacto en el mercado laboral peruano serán factores a observar, especialmente en un contexto donde la economía regional enfrenta desafíos significativos, incluyendo la inflación y la recuperación post-pandemia.