El gobierno uruguayo ha presentado un ambicioso proyecto de ley que incluye más de 240 medidas destinadas a mejorar la competitividad del país y reducir el costo de vida. Este proyecto, que será enviado al Parlamento la próxima semana, busca generar empleo, fomentar la inversión y disminuir la burocracia, según lo declarado por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone. La propuesta se basa en un trabajo colaborativo de cuatro ministerios y recoge aportes de más de 40 reuniones con diferentes actores económicos y sociales, lo que indica un enfoque inclusivo en su diseño.

El proyecto se estructura en cuatro capítulos que abordan la agilización de trámites en la administración pública, la facilitación del comercio exterior, la promoción de la competencia y la innovación. Uno de los aspectos más destacados es la creación de registros unificados que permitirán compartir información entre organismos, eliminando la duplicación de trámites y facilitando el acceso a servicios. Además, se introducen “silencios positivos”, donde la falta de respuesta de la administración en plazos establecidos se considerará como una aprobación automática, lo que podría acelerar significativamente los procesos administrativos.

En el ámbito del comercio exterior, se propone la figura del autodespacho aduanero para empresas calificadas, lo que permitirá a estas realizar ciertos trámites internamente. Esto, junto con la digitalización de trámites y la aceptación de certificados notariales electrónicos, busca reducir los costos y tiempos asociados a la importación y exportación de bienes. Estas medidas son especialmente relevantes para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que representan el 99% de las empresas en Uruguay y generan el 65% del empleo.

Desde el punto de vista de la competencia, el proyecto busca evitar prácticas monopólicas al facilitar la existencia de múltiples importadores para un mismo producto. Esto se traduce en una mayor variedad y potencialmente mejores precios para los consumidores. La obligación de publicar precios por unidad de medida también permitirá a los consumidores tomar decisiones más informadas, lo que podría cambiar la dinámica del mercado en sectores como el de productos sanitarios y de consumo masivo.

A futuro, es crucial observar cómo se desarrollará el debate en el Parlamento y qué modificaciones podrían surgir. La implementación de estas reformas podría tener un impacto significativo en la economía uruguaya, especialmente si se logra atraer más inversión extranjera y se mejora la competitividad. Además, la creación de un entorno regulatorio favorable para las fintech podría abrir nuevas oportunidades de financiamiento y crecimiento para las mipymes, lo que es vital en un contexto donde la innovación es clave para el desarrollo económico. Las próximas semanas serán determinantes para el avance de este proyecto y su posible implementación efectiva en el corto plazo.