Durante los últimos cinco años, el gobierno de Perú Libre ha demostrado que un Ejecutivo sin mayoría en el Congreso puede tener un impacto significativo en la economía del país. A pesar de las afirmaciones de que la falta de apoyo legislativo limita la capacidad de acción del presidente, los hechos han demostrado lo contrario. La administración ha utilizado sus amplias facultades para influir en el rumbo económico, aunque muchas veces de manera improvisada y con resultados cuestionables.

Un claro ejemplo de esta ineficiencia se observa en la gestión del presupuesto público. El Ejecutivo es responsable de priorizar y ejecutar el presupuesto en áreas críticas como salud, educación y seguridad. Sin embargo, en el último quinquenio, el país ha experimentado un uso ineficiente de los recursos del Tesoro. Desde 2013, se han otorgado rescates financieros a Petro-Perú por un total de S/ 32.100 millones, de los cuales más del 80% se han entregado en los últimos cinco años. Esto pone de manifiesto una falta de planificación y una dependencia excesiva de rescates en lugar de implementar reformas estructurales.

Además, el incumplimiento de las reglas fiscales ha sido una constante. Entre 2023 y 2025, Perú no cumplió al menos una de sus cuatro reglas fiscales cada año, lo que indica que la sostenibilidad fiscal no ha sido una prioridad para el gobierno. Este comportamiento ha debilitado la confianza en la gestión económica y ha llevado a un aumento en el riesgo país, afectando la percepción de los inversores tanto locales como internacionales.

La política social también ha sido objeto de críticas. En 2021, durante la pandemia, el gobierno implementó el bono Yanapay, beneficiando a más de 13,5 millones de personas. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que esta medida se llevó a cabo sin un adecuado criterio de focalización, resultando en que 3,5 millones de beneficiarios no eran realmente pobres o vulnerables. Esta ineficiencia en la asignación de recursos podría haber financiado programas esenciales como Juntos o Pensión 65, que están diseñados para ayudar a los sectores más necesitados de la población.

La gestión de la seguridad también ha sido deficiente, con una alta rotación de autoridades que ha impedido la implementación de estrategias sostenidas. Desde 2019, las denuncias por extorsión se han multiplicado casi por siete, lo que evidencia un aumento en la inseguridad. Durante la gestión de Castillo, se nombraron siete ministros del Interior, con una permanencia promedio de solo 2,3 meses, lo que refleja una falta de continuidad en las políticas de seguridad. Esto ha llevado a un uso excesivo de estados de emergencia, que no han demostrado ser efectivos sin un acompañamiento de acciones de inteligencia y patrullaje.

Mirando hacia el futuro, es crucial que el próximo gobierno priorice el bienestar de la población y fomente la inversión privada. La elección de un gobierno que se enfoque en la estabilidad económica y la mejora de la calidad de los servicios públicos será fundamental para generar empleo y reducir la pobreza. Los inversores deben estar atentos a las elecciones de 2026, ya que el nuevo liderazgo tendrá un impacto directo en la dirección económica del país y en la confianza del mercado.