A pesar de los avances en la reducción del trabajo infantil en Perú, donde se estima que el 21.9% de la población entre 5 y 17 años se encuentra involucrada en actividades laborales, la situación sigue siendo crítica. Esto equivale a aproximadamente 1.8 millones de niños y adolescentes que trabajan, según un análisis de ComexPerú. Esta cifra representa una mejora significativa respecto al 32.1% registrado en 2020, un periodo marcado por la pandemia y el cierre de escuelas que incrementó el trabajo infantil en el país.

Sin embargo, la mejora no es homogénea y se observan marcadas diferencias territoriales. En las zonas urbanas, la tasa de trabajo infantil es del 14%, mientras que en las áreas rurales se eleva a un alarmante 51.5%. Este contraste resalta las limitaciones de las políticas públicas en regiones donde el trabajo infantil está vinculado a actividades agropecuarias familiares. La dispersión geográfica, la menor oferta educativa y la informalidad son factores que dificultan la intervención estatal en estas áreas.

Los datos indican que, a pesar de la mejora nacional, seis departamentos aún presentan tasas de trabajo infantil superiores a las de 2019. Junín, por ejemplo, tiene una tasa del 33.9%, lo que representa un aumento de 6.4 puntos porcentuales desde antes de la pandemia. Otros departamentos como Tacna también enfrentan desafíos similares, lo que sugiere que la recuperación no ha sido uniforme y que persisten problemas específicos en ciertas regiones.

La relación entre trabajo infantil y oportunidades educativas es preocupante. Los departamentos con mayores niveles de trabajo infantil también muestran menores tasas de transición hacia la educación superior. Esto implica que el tiempo dedicado a actividades laborales puede limitar las posibilidades de los jóvenes de completar su educación básica y acceder a estudios superiores. Huánuco es un caso emblemático, con una alta tasa de trabajo infantil y una baja tasa de transición a la educación superior, lo que plantea interrogantes sobre el futuro de estos jóvenes en el mercado laboral.

En respuesta a esta problemática, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha implementado un nuevo Protocolo Intersectorial sobre Trabajo Infantil, que busca mejorar la coordinación entre las distintas entidades gubernamentales. Esta medida es crucial, ya que la falta de articulación ha sido una de las principales debilidades en la lucha contra el trabajo infantil. Sin embargo, la efectividad del protocolo dependerá de acciones complementarias, como el aumento de la cobertura educativa y la creación de incentivos para mantener a los jóvenes en el sistema educativo. La normalización social del trabajo infantil sigue siendo un obstáculo significativo, y se requiere un cambio cultural para erradicar esta práctica.

A medida que se avanza hacia 2025, es fundamental monitorear la implementación de este protocolo y su impacto en la reducción del trabajo infantil. La próxima evaluación de la Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil será un momento clave para analizar los progresos realizados y ajustar las políticas necesarias para abordar esta problemática de manera efectiva. La situación en Perú no solo afecta a los menores involucrados, sino que también tiene implicaciones más amplias para el desarrollo del capital humano y la movilidad social en el país.