Durante la reciente campaña electoral en Perú, se reavivó el debate sobre la necesidad de modificar el régimen económico establecido en la Constitución. Este debate surge en un contexto de incertidumbre política, donde sectores abogan por una mayor intervención estatal en la economía. Sin embargo, cambiar las reglas que han sostenido la estabilidad macroeconómica del país podría tener consecuencias adversas, como el deterioro de un pilar institucional que ha sido fundamental para la reducción de la pobreza en las últimas décadas.

La Constitución vigente, que se implementó en 1993, introdujo cambios significativos, como la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y la prohibición de financiar el presupuesto público. Estas reformas fueron cruciales para que Perú, que enfrentó una de las hiperinflaciones más severas del mundo a finales de los años 80, lograra mantener una inflación de un solo dígito desde 1997. Esta estabilidad monetaria ha permitido que el Sol se convierta en una de las monedas más fuertes de la región, protegiendo así el poder adquisitivo de los hogares peruanos.

Además, la prohibición de financiamiento público ha promovido un marco fiscal más responsable, reduciendo el déficit público de un promedio anual del 8,6% en los años 80 a solo 0,6% entre 2000 y 2019. La deuda pública también ha disminuido significativamente, pasando del 60% del PBI en 1990 a solo el 29% en 2026. Este entorno fiscal saludable ha facilitado el desarrollo del mercado financiero, permitiendo a hogares y empresas acceder a financiamiento en condiciones más favorables, lo que ha impulsado la inversión, la creación de empleo y el aumento de los ingresos familiares.

A pesar de los logros alcanzados, el crecimiento económico ha sido objeto de críticas, especialmente en relación con la desigualdad. Sin embargo, las cifras indican que la pobreza extrema en Perú ha disminuido de un 25,4% en 2005 a un 5,1% en 2024, una de las caídas más significativas en América Latina. Este progreso se ha visto impulsado no solo por la inversión privada, que se ha cuadruplicado desde 1990, sino también por un aumento en la inversión pública, especialmente en infraestructura y servicios básicos. En los últimos cinco años, la inversión pública casi se ha triplicado, gracias a mayores ingresos fiscales derivados del crecimiento económico y los altos precios del cobre.

El marco constitucional también ha sido criticado por favorecer a monopolios, pero el artículo 61 establece la obligación del Estado de promover la libre competencia y sancionar prácticas anticompetitivas. Esto ha permitido que Perú se posicione entre los países latinoamericanos con políticas efectivas para combatir conductas que restringen la competencia. Sin embargo, persisten importantes brechas en el acceso a servicios básicos, como la educación y la infraestructura vial, que son más atribuibles a la debilidad institucional que al régimen económico en sí. Por lo tanto, el debate sobre la Constitución puede desviar la atención de las reformas necesarias para mejorar la calidad de vida de los peruanos.

A futuro, será crucial observar cómo se desarrollan las discusiones sobre la Constitución y si se implementarán reformas que puedan afectar la estabilidad económica. La situación política en Perú, especialmente en el contexto de las elecciones y la presión de ciertos sectores por cambios en el régimen económico, podría influir en la percepción de los inversores y en la confianza en el mercado. Con la inflación y el crecimiento económico en el centro del debate, los próximos meses serán decisivos para la dirección que tomará la economía peruana.