La reciente discusión sobre la necesidad de cambiar el régimen económico de la Constitución peruana ha resurgido en medio de la incertidumbre política. Durante la campaña electoral, sectores que abogan por una mayor intervención del Estado en la economía han argumentado que es necesario modificar las reglas que han sostenido la estabilidad macroeconómica del país. Sin embargo, cambiar estas reglas podría socavar los logros alcanzados en la reducción de la pobreza, que ha caído del 25,4% en 2005 a un notable 5,1% en 2024, según datos del Banco Mundial.

Uno de los pilares fundamentales de la estabilidad económica en Perú ha sido la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y la prohibición de financiar el presupuesto público. Esta reforma, implementada en la década de 1990, fue crucial para que el país superara uno de los periodos hiperinflacionarios más severos a nivel mundial y mantuviera una inflación de un solo dígito desde 1997. Como resultado, el Sol se ha convertido en una de las monedas más estables de la región, lo que ha protegido el poder adquisitivo de los hogares peruanos y ha fomentado un entorno propicio para la inversión.

La prohibición de financiamiento público también ha promovido un marco fiscal más responsable, permitiendo que el déficit público se reduzca de un promedio del 8,6% en los años ochenta a solo 0,6% entre 2000 y 2019. Esto ha contribuido a la disminución de la deuda pública, que pasó del 60% del PBI en 1990 al 29% en el primer trimestre de 2026, un nivel inferior al de muchos países de la región. Este contexto ha facilitado el acceso a financiamiento para hogares y empresas, impulsando la inversión y el crecimiento de los ingresos familiares.

A pesar de los avances, persisten importantes brechas en la calidad de los servicios públicos. Tres de cada cinco colegios públicos carecen de acceso adecuado a servicios básicos, y más de la mitad de la red vial nacional se encuentra en condiciones inadecuadas. Estas deficiencias no son consecuencia del régimen económico, sino de la debilidad institucional y de las limitaciones del Estado para cumplir con sus funciones. En este sentido, el debate sobre la Constitución podría desviar la atención de las reformas necesarias para mejorar la provisión de servicios públicos.

De cara al futuro, es crucial que los inversores y analistas monitoreen cómo se desarrollan las discusiones sobre la Constitución y su impacto en la política económica. La estabilidad macroeconómica es fundamental para mantener la confianza de los inversores, especialmente en un contexto donde la inversión extranjera directa ha crecido significativamente. La próxima revisión de las políticas fiscales y el enfoque hacia la inversión pública serán determinantes para el crecimiento sostenido y la reducción de la pobreza en Perú.