La reciente aprobación de cambios en el régimen de pensiones para el personal militar y policial en Perú ha generado un impacto fiscal significativo, con un costo estimado en S/ 46,000 millones anuales. Esta cifra, presentada por el Consejo Fiscal, supera en más de tres veces la proyección inicial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que había calculado un impacto de S/ 14,900 millones. Este aumento se debe principalmente al retorno a un esquema de 'cédula viva', que implica un incremento en los beneficios para los pensionistas.

El Consejo Fiscal ha indicado que el costo total se compone de varios elementos, siendo S/ 38,900 millones atribuibles a un mayor gasto en la planilla de pensiones y S/ 14,100 millones por mayores aportes del Estado. Sin embargo, este incremento podría ser parcialmente compensado por un aumento en los aportes de los miembros activos de las fuerzas armadas y policiales, que se estima en S/ 7,200 millones. A pesar de esto, el análisis sugiere que la carga fiscal recaerá en el Tesoro Público, que financiaría aproximadamente el 64% de estas pensiones como un subsidio directo.

Uno de los aspectos más preocupantes de esta reforma es que, según el análisis del Consejo Fiscal, no se han considerado todos los ajustes necesarios para que el sistema sea autosostenible. Actualmente, los afiliados al sistema de pensiones militares y policiales aportan un 15% de sus remuneraciones, pero para cubrir los beneficios aprobados, esta tasa debería elevarse a un 42%. Sin embargo, el presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, ha señalado que esto no ocurrirá y que, en su lugar, será la población en general la que asumirá este nuevo costo fiscal.

La situación se complica aún más al considerar que el sistema de pensiones en el sector privado no recibe subsidios del Estado, lo que plantea un contraste significativo. Esto podría generar tensiones en la percepción pública y en la equidad del sistema de pensiones en el país. Además, el riesgo de que los costos fiscales aumenten aún más está vinculado a la posibilidad de que se realicen ajustes en las remuneraciones, ya que se ha observado un crecimiento del 48% en los salarios en la última década.

A futuro, el Congreso tiene la facultad de derogar leyes, lo que podría ser una opción viable para mitigar el impacto fiscal de esta reforma. Sin embargo, la pregunta sobre cómo se financiarán estos cambios sigue sin respuesta, lo que plantea incertidumbres sobre la sostenibilidad fiscal del país. Con elecciones presidenciales en el horizonte, es probable que este tema se convierta en un punto central de debate entre los candidatos, lo que podría influir en la dirección de las políticas fiscales en Perú.