Los gobiernos estatales y regionales están adoptando un enfoque más proactivo en la lucha contra el cambio climático al utilizar sus poderes presupuestarios para alinear el gasto público con objetivos climáticos. Esta tendencia se observa en diversas regiones del mundo, donde más de 270 miembros de la Coalición Under2, que representa más de la mitad del PIB global, están comprometidos a alcanzar emisiones netas cero para 2050. La directora ejecutiva del Climate Group, Champa Patel, destaca que los gobiernos subnacionales tienen un alto grado de autonomía para tomar decisiones que impactan significativamente en sus políticas climáticas.

La iniciativa Next Generation Budgets, lanzada por el Climate Group hace más de dos años, busca integrar consideraciones climáticas en los procesos presupuestarios de 11 estados y regiones en Europa y Estados Unidos. Este proyecto no solo tiene como objetivo ayudar a los gobiernos a cumplir con sus compromisos de emisiones netas cero, sino también fomentar el aprendizaje entre ellos para compartir mejores prácticas. Patel enfatiza que los presupuestos son un reflejo de las verdaderas prioridades gubernamentales, y que una adecuada asignación de recursos es fundamental para la implementación de políticas efectivas.

Un aspecto crucial para alinear el gasto gubernamental con los objetivos climáticos es la colaboración interdepartamental. Las decisiones presupuestarias que pueden facilitar la consecución de metas climáticas a menudo son tomadas por el ministerio de finanzas, mientras que los objetivos climáticos son competencia de los ministerios de medio ambiente. Esta desconexión puede ser un obstáculo, y el proyecto busca reunir a estos actores para asegurar que todos los niveles de gobierno trabajen en conjunto hacia un mismo fin.

El uso de herramientas de presupuestación verde, como el sistema de etiquetado que clasifica los gastos estatales en favorables y desfavorables para el medio ambiente, permite a los gobiernos identificar áreas donde se necesita una reorientación del gasto. Por ejemplo, el País Vasco ha desarrollado su propia metodología de presupuestación verde, con una ley que exige destinar al menos el 2.5% de su presupuesto anual a medidas de acción climática. Esto ha llevado a un aumento en el gasto público relacionado con el clima, que pasó del 1.5% en 2023 al 1.9% en 2025, aunque aún no alcanza el objetivo legal.

La capacidad de los gobiernos regionales para atraer inversiones privadas a través de la señalización de sus presupuestos verdes es otro aspecto a considerar. Identificar sectores donde se necesita un cambio de gasto y abordar las barreras que impiden las inversiones verdes son pasos cruciales. Escocia, por ejemplo, ha lanzado un proyecto para desarrollar un Código de Restauración de Ecosistemas que permitirá la creación de "créditos de naturaleza", facilitando la inversión privada en mejoras ambientales. A nivel de la Unión Europea, el marco de referencia de presupuestación verde busca guiar a los estados miembros en la implementación de prácticas de presupuestación más sostenibles.

A medida que estas iniciativas avanzan, es importante monitorear cómo los gobiernos regionales en América Latina, como Argentina y Brasil, podrían adoptar enfoques similares. La presión internacional para abordar el cambio climático y la necesidad de financiamiento sostenible podrían motivar a estos países a considerar la implementación de presupuestos verdes. Eventos como la COP28 y las discusiones sobre financiamiento climático en el contexto de la economía global serán fundamentales para observar cómo se desarrollan estas tendencias en la región.