El gobierno argentino avanza en la licitación internacional para la concesión de la hidrovía Paraguay-Paraná, un proyecto que implica una inversión estimada de US$ 10.000 millones. Este martes, se conoció que dos empresas, Jan De Nul y Dredging, Environment & Marine Engineering (DEME), continúan en la competencia por la concesión. Sin embargo, Jan De Nul se perfila como la favorita tras una evaluación técnica preliminar. La decisión final del gobierno de Javier Milei se espera para el próximo mes, lo que ha generado gran expectativa en la región, especialmente en Paraguay y Uruguay, que dependen de esta vía para el transporte de mercancías.

La concesión de la hidrovía no solo implica la modernización y dragado de la vía navegable, sino que también ha suscitado preocupaciones sobre cómo se aplicarán los peajes a la navegación. Desde enero de 2023, Argentina implementó un peaje de US$ 1,30 por tonelada de registro neto para el transporte internacional en un tramo del Río Paraná. Esta medida ha sido criticada por los sectores empresariales de Paraguay y Uruguay, que consideran que el costo es excesivo y que no se ha visto una mejora en las condiciones de navegabilidad a cambio de este peaje. Bernd Gunther, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos de Paraguay, ha expresado su descontento, señalando que el cobro no se justifica por los servicios prestados.

El contexto de la licitación también está marcado por controversias. Jan De Nul ha sido vinculada a Servimagnus, una empresa que ha trabajado con capitales chinos, lo que ha generado dudas sobre la legalidad de su participación en la licitación. Además, se ha mencionado al Grupo Neuss como un posible participante oculto en la sociedad entre Jan De Nul y Servimagnus, lo que ha levantado sospechas sobre la transparencia del proceso. Este tipo de situaciones añade una capa de incertidumbre que podría afectar la percepción de los inversores sobre la viabilidad del proyecto.

La hidrovía es crucial para el comercio en la región, ya que anualmente transitan por ella 25 millones de toneladas de carga, principalmente de Paraguay y Brasil. Sin embargo, el peaje actual genera un sobrecosto estimado de US$ 50 millones, lo que podría afectar la competitividad de los productos paraguayos en el mercado internacional. Los armadores paraguayos han solicitado una revisión del sistema de peajes, sugiriendo que el costo no debería exceder los US$ 0,80 por tonelada y que debería calcularse sobre la tonelada embarcada, no sobre la capacidad máxima de carga.

A medida que se acerca la fecha de adjudicación, los operadores portuarios de Uruguay y Paraguay están atentos a cómo se desarrollará la situación. La falta de diálogo en la toma de decisiones sobre el peaje ha generado tensiones entre los países involucrados. Las obras de dragado y modernización son necesarias, pero el enfoque unilateral de Argentina en la implementación del peaje ha complicado las relaciones comerciales. La expectativa recae sobre cómo la nueva concesionaria manejará los peajes y si se realizarán las mejoras prometidas en la hidrovía, lo que será fundamental para el futuro del comercio fluvial en la región.