Petroperú, la petrolera estatal peruana, enfrenta nuevas tensiones con ProInversión, la agencia encargada de promover la inversión en el país. A pesar de que ProInversión lidera la reestructuración de Petroperú y tiene la responsabilidad de estructurar una línea de financiamiento de hasta 2,000 millones de dólares, las relaciones entre ambas entidades se han deteriorado. ProInversión ha solicitado información crucial y ha impuesto restricciones sobre las operaciones de la empresa estatal, lo que ha llevado a Petroperú a cuestionar la legitimidad de estas exigencias.

El 15 de mayo, ProInversión envió un oficio a Edmundo Lizarzaburu, presidente del directorio de la agencia, expresando su preocupación por los cambios gerenciales en Petroperú. Estos cambios, que se produjeron a inicios de mayo, generaron inquietud entre analistas sobre la posible interrupción del proceso de reestructuración. La agencia exigió que se le proporcionara información sobre los gerentes relevados y el nuevo personal encargado, así como un informe del estudio Paul Hastings LLC, que asesora en la reestructuración. Sin embargo, Petroperú argumentó que estas solicitudes exceden las competencias otorgadas por los Decretos de Urgencia que regulan la reestructuración y la línea de financiamiento.

La respuesta de Petroperú, firmada por su gerente general Gustavo Villa Mora, indica que la información solicitada es de naturaleza interna y sensible, y que su entrega debe ser evaluada por el directorio de la empresa. Este intercambio ha generado un clima de desconfianza y ha puesto en evidencia las tensiones entre el control estatal y la autonomía de la empresa pública. En medio de esta disputa, el 18 de mayo, se llevó a cabo una reunión entre ProInversión, Petroperú y altos funcionarios del gobierno, donde se acordó que la petrolera enviaría la información solicitada.

La situación es crítica, ya que la reestructuración de Petroperú es fundamental para asegurar la liberación de la línea de financiamiento de 2,000 millones de dólares. Carlos Paredes, expresidente de Petroperú, y David Tuesta, exdirector de la empresa, coincidieron en que los controles impuestos por ProInversión son necesarios para garantizar que los fondos se utilicen adecuadamente. Paredes enfatizó que sin supervisión, el riesgo de mal manejo de los recursos es alto, lo que podría poner en peligro la estabilidad financiera de la empresa.

A pesar de que la derogación del decreto que permite la reestructuración no prosperó en el Congreso, algunos legisladores han cuestionado la participación de ProInversión, lo que podría complicar aún más la situación. Si el gobierno decidiera retirar a ProInversión de este proceso, el mercado podría interpretar esto como un indicativo de que los fondos destinados a Petroperú serían mal administrados. En este contexto, los inversores deben estar atentos a los próximos desarrollos, especialmente a la entrega de informes financieros y a la evolución de la reestructuración, que podrían impactar significativamente la percepción del riesgo asociado a Petroperú y su capacidad para acceder a financiamiento en el futuro.