En 2026, el Congreso de Perú ha recibido un notable incremento en las iniciativas legislativas que buscan trasladar a trabajadores del régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728. Hasta la fecha, se han identificado al menos 33 propuestas, que incluyen 27 proyectos de ley y seis dictámenes, que abarcan más de 20 organismos públicos, programas sociales y entidades autónomas. Este movimiento legislativo podría afectar a miles de trabajadores que actualmente operan bajo un régimen que, aunque diseñado para ser temporal, ha sido utilizado para funciones permanentes en el sector público.

El régimen CAS, que se introdujo con el objetivo de facilitar la contratación temporal en el sector público, ha sido criticado por su falta de beneficios laborales en comparación con el régimen 728, que corresponde al ámbito privado. Recientemente, se han realizado cambios que otorgan a los trabajadores CAS gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), pero las diferencias en estabilidad y beneficios continúan siendo motivo de debate. Las iniciativas en el Congreso buscan abordar estas disparidades, proponiendo mecanismos de transición que varían desde la incorporación progresiva hasta el cambio inmediato de régimen para ciertos grupos de trabajadores.

El abogado laboralista Juan Valera ha señalado que muchas de estas propuestas incluyen disposiciones que exoneran a las entidades públicas de las restricciones presupuestarias actuales, lo que podría generar cuestionamientos sobre la constitucionalidad de las mismas. La Constitución peruana limita la capacidad del Congreso para generar gasto público, y cualquier incremento en la planilla podría afectar recursos destinados a áreas críticas como infraestructura y seguridad. Esto plantea un dilema sobre la viabilidad de estas iniciativas y su impacto en la economía pública.

Las implicancias de trasladar a los trabajadores del régimen CAS al 728 son significativas. Este cambio podría resultar en una mayor estabilidad laboral para los empleados, limitando las causas de despido a faltas graves o renuncias, lo que a su vez podría aumentar la carga económica sobre el Tesoro Público. Sin embargo, la mejora en la calidad del servicio público no está garantizada, ya que un aumento en la planilla no necesariamente se traduce en un mejor desempeño de los servicios ofrecidos a los ciudadanos.

A futuro, es crucial monitorear el avance de estas iniciativas legislativas, especialmente en el contexto político y electoral del país. La presión de los sectores sindicales y la posibilidad de que algunos proyectos sean aprobados mediante insistencia legislativa podrían acelerar la transición hacia el régimen 728. La fecha de publicación de estas iniciativas y su discusión en el Congreso será determinante para entender cómo se desarrollará esta situación en los próximos meses, y cómo podría afectar la dinámica laboral en el sector público peruano.