El Congreso de la República del Perú ha avanzado en la aprobación de un proyecto de ley que busca elevar las remuneraciones de casi 200,000 trabajadores del Estado que se encuentran bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó un dictamen que propone la nivelación de los salarios de estos trabajadores con los de servidores que desempeñan funciones equivalentes en otras entidades públicas. Este aumento está dirigido a aquellos trabajadores CAS que tengan un contrato indeterminado y una remuneración máxima de S/ 4,000 al mes, lo que representa un esfuerzo por mejorar las condiciones salariales de los segmentos de menores ingresos dentro de este régimen laboral.

El aumento de sueldos será progresivo, implementándose en un plazo máximo de cinco años. Según el dictamen, se estima que 198,123 trabajadores CAS se verán beneficiados, de los cuales 255 son funcionarios y directivos, 39,372 son profesionales, 40,114 son profesionales de la salud, 82,826 son técnicos y 35,556 son auxiliares. Este aumento salarial podría impactar significativamente en el presupuesto del Estado, ya que se estima que el total de trabajadores CAS asciende a 373,233, lo que significa que el 53% de ellos recibiría un incremento en sus salarios.

Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha expresado su oposición a esta iniciativa, argumentando que contraviene el principio de equilibrio presupuestario y la prohibición de iniciativas de gasto por parte del Congreso. La preocupación radica en que la homologación de sueldos podría generar un aumento constante en el gasto público, ya que no solo se incrementarán los salarios base, sino que también se verán afectados otros beneficios legales que dependen de estos salarios, como gratificaciones y compensaciones por tiempo de servicios. Este aumento podría generar un forado adicional en el presupuesto estatal, lo que ha llevado a expertos a advertir sobre las implicancias fiscales de esta medida.

La abogada laboralista Gloria Rodríguez Vega ha señalado que la homologación de sueldos se dará principalmente entre los propios trabajadores CAS, ya que existen casos en los que dos trabajadores con funciones similares reciben remuneraciones diferentes. Sin embargo, la homologación hacia otros regímenes laborales será escasa, dado que, en general, los trabajadores CAS tienden a ganar más que aquellos bajo los regímenes de los decretos legislativos 276 y 728. Esto plantea interrogantes sobre la equidad en la remuneración y la posibilidad de nuevas desigualdades entre los distintos regímenes laborales en el sector público.

A medida que avanza el proceso legislativo, es importante que Servir, el ente rector de los recursos humanos del Estado, establezca lineamientos claros para determinar la equivalencia de los puestos. Esto podría ayudar a mitigar el riesgo de discrecionalidad en la toma de decisiones y a evitar la creación de nuevas desigualdades. La votación final del dictamen en el pleno del Congreso será un evento clave a monitorear, ya que su aprobación podría tener repercusiones significativas en el gasto público y en la estructura salarial del Estado peruano en los próximos años.