El Índice Global de Complejidad Empresarial de TMF Group ha colocado a Perú en el décimo lugar a nivel mundial y sexto en Latinoamérica en cuanto a la dificultad para hacer negocios. Este retroceso, que se observa tras un año de mejoras en 2025, se debe a diversos factores que complican el entorno empresarial, como la regulación tributaria, las normas laborales y el cumplimiento corporativo. La situación se agrava por la digitalización de trámites, que, aunque busca modernizar el sistema, ha incrementado la carga operativa para las empresas, especialmente las extranjeras.

Los empresarios peruanos han señalado que la inestabilidad política es uno de los principales obstáculos para la inversión. La frecuencia de cambios en el gobierno y en el gabinete ministerial ha generado un clima de incertidumbre que afecta la continuidad de los proyectos empresariales. Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), destacó que el último presidente, Pedro Castillo, tuvo 50 ministros en menos de un año, lo que ha deteriorado la capacidad del Estado para ofrecer un entorno predecible y estable para los negocios.

Además, la falta de uniformidad en la regulación a nivel municipal y regional ha llevado a que los procedimientos para abrir y operar negocios varíen significativamente de un distrito a otro. Esto no solo complica la inversión, sino que también desincentiva a los emprendedores, quienes enfrentan una burocracia que puede tardar años en resolver permisos y licencias. Daniel Hermoza, de Mypes Unidas del Perú, subrayó que, a pesar de que la constitución de empresas se ha simplificado, la obtención de licencias sigue siendo un proceso engorroso y poco uniforme.

La situación actual plantea serias implicancias para los inversores. La percepción de riesgo en el entorno político y regulatorio podría llevar a una disminución en la llegada de capitales extranjeros, cruciales para el desarrollo de infraestructura y el crecimiento económico. La Cámara de Comercio de Lima ha advertido que cualquier cambio en la Constitución podría afectar negativamente la inversión privada, lo que a su vez podría frenar el crecimiento económico del país, ya que la inversión privada es fundamental para cerrar las brechas de infraestructura.

De cara al futuro, los gremios empresariales han instado al próximo gobierno a enfocarse en la estabilidad y la simplificación de procesos. Se requiere una continuidad en la gestión pública, con funcionarios que permanezcan en sus cargos el tiempo suficiente para implementar políticas efectivas. La implementación de un “shock legislativo” que simplifique los trámites y la creación de una ventanilla única para grandes inversiones son propuestas que podrían mejorar el clima de negocios en Perú. Los próximos meses serán cruciales para observar si el nuevo gobierno puede abordar estos desafíos y restaurar la confianza en el entorno empresarial peruano.