El candidato a la presidencia por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, ha propuesto un aumento significativo en la remuneración mínima vital (RMV), elevándola de S/1,130 a S/1,500. Esta medida se ha convertido en un tema central en la campaña electoral, generando diversas reacciones y análisis sobre sus posibles implicancias económicas. La propuesta, que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, también ha suscitado preocupaciones sobre su viabilidad y el impacto en la economía formal e informal del país.

La discusión sobre el salario mínimo en Perú no es nueva. En 2025, bajo el gobierno de Dina Boluarte, la RMV ya había sido incrementada de S/1,025 a S/1,130. Sin embargo, el contexto actual es diferente, ya que la inflación y la productividad son factores críticos que deben ser considerados. Según Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, el último aumento salarial fue el resultado de un debate en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), donde se propuso inicialmente un incremento a S/1,800, pero finalmente se acordó un ajuste más moderado. Esto refleja la tensión existente entre las demandas de los trabajadores y las preocupaciones de los empleadores, especialmente de las micro y pequeñas empresas.

El impacto de un aumento en la RMV podría ser significativo, ya que más del 70% de los trabajadores en Perú son informales. Esto significa que cualquier incremento en el salario mínimo afectaría solo a una parte reducida del mercado laboral, dejando a muchos trabajadores sin los beneficios que conlleva la formalidad. Además, el incumplimiento del salario mínimo actual oscila entre el 46% y el 50%, lo que sugiere que muchas empresas ya tienen dificultades para cumplir con las regulaciones existentes. Un aumento a S/1,500 podría llevar a más empresas a la informalidad, afectando negativamente el acceso a beneficios sociales para los trabajadores.

Desde una perspectiva económica, la propuesta de Sánchez podría generar un efecto adverso en el empleo. Bill Gee, profesor de Economía y Finanzas, advierte que un aumento en el salario mínimo podría resultar en más trabajos de baja calidad y un incremento en el desempleo. Esto se debe a que las empresas podrían optar por reducir su plantilla o no contratar, ya que el costo laboral se incrementaría. La situación es aún más compleja en un país donde la carga laboral es alta y los costos de contratación y despido son significativos. Por lo tanto, el aumento propuesto podría tener repercusiones no solo en el sector privado, sino también en el público, aumentando el déficit fiscal si se implementa en el sector estatal.

A futuro, será crucial observar cómo se desarrollan las negociaciones en el CNT y si se logran acuerdos entre los diferentes actores involucrados. La propuesta de Sánchez podría ser un punto de partida para un debate más amplio sobre la formalización del empleo y la mejora de la productividad en el país. Las elecciones presidenciales se llevarán a cabo en un contexto donde la economía peruana enfrenta desafíos significativos, y la forma en que se aborde el tema del salario mínimo podría influir en la dirección de la política económica del país. Los inversores deben estar atentos a cómo estas dinámicas se desarrollan y a las posibles medidas que se implementen tras las elecciones.