El Congreso de Perú ha presentado un proyecto de ley que busca reformar el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los trabajadores del Estado, específicamente aquellos bajo el régimen del Decreto Legislativo 276. Esta iniciativa, impulsada por el legislador Alex Paredes de Somos Perú, se da en un contexto de advertencias sobre el deterioro de las finanzas públicas, donde se ha señalado que el aumento en el gasto en planillas del Estado es una de las principales causas. Según datos de 2024, hay aproximadamente 270,236 trabajadores en esta categoría que podrían verse afectados por esta reforma.

La propuesta tiene como objetivo asegurar un tratamiento equitativo en materia de beneficios sociales dentro del sector público y fortalecer la protección económica de los servidores públicos al momento de su cese. Se busca modificar el cálculo actual de la CTS, que se basa en el promedio de la remuneración principal, para incluir una serie de conceptos adicionales que incrementarían el monto total a recibir. Esto incluye la remuneración mensual total, que abarca todos los conceptos de carácter permanente y de libre disposición, así como el Incentivo Único – CAFAE, cuando haya sido percibido de manera continua.

Sin embargo, la propuesta ha generado críticas por parte de expertos en finanzas y economía. Brian Ávalos, socio de Payet, Rey, Cauvi, Pérez, Abogados, argumenta que este tipo de iniciativas se suman a una tendencia de aumento en los gastos remunerativos del Estado sin vincularse a mejoras en la productividad laboral. En un país donde las finanzas públicas ya enfrentan serios desafíos, la falta de una política clara que condicione estos ajustes a la eficiencia en el gasto es motivo de preocupación. Germán Lora, socio de Damma Legal Advisors, también ha señalado que esta reforma podría resultar en un agujero más en las ya deterioradas finanzas del país.

El análisis costo-beneficio presentado por los proponentes de la ley sostiene que el impacto económico sería progresivo y financiado con cargo al presupuesto institucional de cada entidad. Sin embargo, críticos como Ávalos y Lora consideran que este argumento es poco convincente y que el aumento en el gasto público es inevitable. La propuesta también menciona la “responsabilidad funcional” de los funcionarios encargados de su implementación, lo que podría generar consecuencias legales en caso de incumplimiento.

En el contexto actual, donde el país se encuentra en medio de un proceso electoral, estas propuestas pueden ser vistas como populistas, buscando ganar apoyo en un ambiente político incierto. Con partidos que no continuarán en el Congreso, hay una tendencia a presentar iniciativas que atraigan a los votantes, sin considerar las implicancias a largo plazo para la economía del país. De cara al futuro, será crucial observar cómo avanza esta propuesta y si se implementarán medidas que realmente busquen mejorar la eficiencia del gasto público, en lugar de simplemente aumentar los costos sin un plan claro de retorno sobre la inversión.