El panorama fiscal en Perú se presenta complicado, con un déficit que persiste y un aumento del gasto público que no encuentra contrapartida en un incremento significativo de los ingresos tributarios. A medida que se aproxima la segunda vuelta electoral, los principales candidatos no han presentado propuestas concretas para abordar la consolidación fiscal, lo que genera preocupación sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas. Actualmente, la recaudación fiscal se sitúa en un 15% del PIB, un nivel que está muy por debajo del 20% que se observa en países vecinos como Chile, Argentina y Brasil.

Este bajo nivel de recaudación se debe a un sistema tributario que recae en un número reducido de contribuyentes. Por ejemplo, solo el 6% de las empresas en Perú tributan en el régimen general y, de estas, aportan más del 90% de la recaudación por impuesto a la renta empresarial. En el caso de las rentas del trabajo, el 10% más alto de los trabajadores concentra el 92% de los impuestos pagados. Esta estructura desigual limita la capacidad del Estado para financiar sus gastos y enfrentar los déficits recurrentes.

Las propuestas de los candidatos, como Fuerza Popular y Juntos por el Perú, se centran en aumentar los beneficios tributarios y elevar impuestos a sectores ya sobrecargados, sin considerar las consecuencias en la competitividad. Por ejemplo, Fuerza Popular sugiere la creación de Zonas Económicas Especiales con beneficios tributarios temporales, mientras que Juntos por el Perú propone un aumento del 20% en las regalías mineras. Sin embargo, estas medidas podrían agravar la situación fiscal en lugar de mejorarla, dado que el Fondo Monetario Internacional ya ha señalado que Perú tiene una carga fiscal alta en comparación con otros países de la región.

La presión del gasto público también se ha intensificado en los últimos años, especialmente en salarios, que han aumentado un 169% ajustado por inflación desde 2010. A pesar de que la inversión pública ha crecido y representa más del 5% del PIB, la satisfacción de la población con la infraestructura pública es baja, con solo 1 de cada 4 peruanos expresando satisfacción. Esto indica que, a pesar del aumento del gasto, la eficiencia y efectividad de la inversión pública son cuestionables.

A medida que se acercan las elecciones, es crucial que el próximo gobierno no solo se enfoque en aumentar los ingresos, sino que también implemente una gestión fiscal responsable. La recuperación de los ahorros públicos, que se espera que caigan a un 6,5% del PIB para 2026, es fundamental. Sin un fortalecimiento del Fondo de Estabilización Fiscal y una gestión fiscal más eficiente, el país podría enfrentar serias dificultades económicas en el futuro. Las decisiones que se tomen en los próximos meses serán determinantes para la estabilidad económica de Perú y su impacto en la región, especialmente en relación con Argentina y Brasil, que están observando de cerca cómo se desarrollan estos acontecimientos.