La inseguridad se ha convertido en la principal preocupación de los peruanos, con un alarmante 70% de la población identificándola como su mayor inquietud. Este fenómeno se ha intensificado en los últimos cinco años, donde las denuncias mensuales por extorsión se han multiplicado por diez. A pesar de este contexto crítico, las propuestas de los principales partidos políticos, como Fuerza Popular (FP), Juntos por el Perú (JPP) y Renovación Popular (RP), son consideradas insuficientes para abordar las debilidades del sistema de seguridad en el país.

Una de las principales limitaciones en la lucha contra la inseguridad es la debilidad operativa de la Policía Nacional del Perú (PNP). El presupuesto del Ministerio del Interior para 2026 ha caído un 10% en términos reales, alcanzando su nivel más bajo en una década. Esta reducción presupuestaria limita la capacidad de la PNP para mejorar su infraestructura, renovar su equipamiento y ampliar las herramientas necesarias para combatir el delito, lo que se traduce en una respuesta ineficaz ante el aumento de la criminalidad.

Las condiciones en las comisarías son un reflejo de esta crisis. Según datos del Ministerio del Interior, en 2020, más de la mitad de las comisarías a nivel nacional carecían de acceso adecuado a servicios básicos como agua, electricidad y desagüe. Para 2024, esta situación no ha mejorado, y en regiones como Loreto, solo el 9% de las comisarías cuenta con estos servicios. Mientras que FP propone construir comisarías “sostenibles”, no se especifica en qué consisten estas mejoras, lo que deja dudas sobre su viabilidad.

Además, la falta de conectividad es otro obstáculo significativo. Un 26% de las comisarías no tiene acceso a Internet, y solo el 21% cuenta con radios de comunicación adecuadas. Esta falta de recursos tecnológicos limita la coordinación operativa y la capacidad de respuesta ante emergencias. Aunque FP ha propuesto modernizar 200 comisarías, JPP y RP no han incluido medidas concretas para abordar este problema. La desconfianza ciudadana hacia la PNP también es alarmante, alcanzando niveles históricos bajos, especialmente en regiones con alta criminalidad.

La crisis del sistema penitenciario también agrava la situación de inseguridad. Con una población penitenciaria que supera las 100,000 personas y una capacidad de albergue de solo 40,000, la tasa de sobrepoblación es del 150%. FP ha propuesto la construcción de cuatro grandes penales, pero esta medida es insuficiente ante el actual hacinamiento. JPP y RP no han presentado propuestas concretas para abordar este problema, lo que podría tener implicaciones negativas en la percepción de seguridad.

La inseguridad ciudadana no solo afecta la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también tiene un costo económico significativo. Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la inseguridad le cuesta al país un 2.2% del PIB, cifra que probablemente subestima el impacto total al no incluir costos indirectos como la disminución de la productividad. Para el próximo gobierno, enfrentar la inseguridad será un desafío crítico que requerirá una gestión ordenada y articulada entre todas las entidades responsables.

La alta rotación de autoridades en el sector de seguridad, con 18 ministros del Interior en el último quinquenio, ha dificultado la continuidad de políticas efectivas. Esta inestabilidad erosiona la confianza ciudadana y limita los esfuerzos de coordinación interinstitucional. La situación actual exige un enfoque integral que no solo aborde las debilidades operativas de la PNP, sino que también busque fortalecer la institucionalidad del sector para mejorar la seguridad y el bienestar de la población peruana.