La cadena de supermercados Día Argentina S.A. ha sido procesada por la Justicia por una maniobra de evasión previsional que habría causado un perjuicio superior a los $800 millones. Esta medida fue dispuesta el 21 de abril de 2026 por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, en el marco de la causa "Día Argentina S.A. y otro s/ infracción Ley 24.769". El tribunal dictó el procesamiento de la empresa por 34 hechos y ordenó un embargo por la misma suma, lo que refleja la gravedad de las acusaciones en su contra.

La investigación revela que la compañía utilizó un esquema de falsas franquicias para encubrir relaciones laborales, simulando vínculos comerciales con supuestos “franquiciados”, “concesionarios” o “consignatarios”. En la práctica, estos individuos funcionaban como empleados en relación de dependencia, lo que permitió a Día evitar el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social. Este tipo de maniobras no son nuevas en el sector, pero la magnitud del caso y el número de personas involucradas lo convierten en un tema de gran relevancia.

Durante la investigación, se recolectaron múltiples pruebas que evidencian el carácter sistemático de la operatoria. Se analizaron contratos de franquicia, se realizaron cruces de datos laborales y fiscales, y se revisaron más de 20.000 correos electrónicos, además de escuchas telefónicas. Se identificaron 654 sucursales y más de 8.000 personas involucradas en la estructura investigada, lo que sugiere que la maniobra era parte de una estrategia más amplia. En al menos 137 casos, tribunales laborales ya habían declarado la nulidad de contratos de franquicia, condenando a la empresa como empleadora directa.

Las implicancias de este caso son significativas. En caso de una eventual condena, Día podría enfrentar sanciones severas, como la suspensión de actividades, la inhabilitación para contratar con el Estado, la pérdida de beneficios fiscales o incluso la cancelación de su personería jurídica. Esto podría afectar no solo a la empresa en sí, sino también a sus operaciones y a la confianza de los consumidores y proveedores en el mercado. Además, el impacto en el empleo podría ser considerable, dado que más de 2.200 trabajadores prestaban servicios para distintos “franquiciados”.

En cuanto a la perspectiva futura, el proceso judicial se encuentra en una etapa inicial de prueba, donde se están analizando los elementos necesarios para su evaluación. La empresa ha declarado que cumple con todas sus obligaciones tributarias, previsionales y laborales, pero el rechazo de su postura por parte del fisco y las instancias judiciales superiores sugiere que la situación podría complicarse. Los inversores y analistas deben estar atentos a la evolución de este caso, ya que podría tener repercusiones en el sector minorista y en la confianza del consumidor en el país. La próxima audiencia y las decisiones judiciales que se tomen en las próximas semanas serán cruciales para determinar el rumbo de esta situación.