El arbitraje iniciado por los accionistas de Montecon contra el gobierno uruguayo ha sufrido un nuevo retraso en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Este freno se debe a la recusación presentada por la parte demandante contra la árbitro designada por el gobierno, Loretta Malintoppi. La demanda, que asciende a US$ 600 millones, se centra en un contrato que extendió la concesión de Terminal Cuenca del Plata (TCP) en el puerto de Montevideo, argumentando que esta decisión violaba el Acuerdo de Promoción de Inversiones entre Uruguay y Chile.

La empresa chilena Neltume Ports, accionista mayoritaria de Montecon, había iniciado este proceso arbitral hace dos años. A pesar de que se había programado una audiencia para el 29 de mayo, la defensa de Neltume Ports presentó una propuesta de recusación el 27 de mayo, argumentando que la árbitro Malintoppi carecía de la imparcialidad necesaria para el caso. Este argumento se basa en una comunicación previa de Malintoppi, donde reveló que había sido elegida como árbitro para un juicio comercial en Perú, defendido por la misma firma que representa a Uruguay en este arbitraje.

El proceso de recusación implica que el tribunal se detiene hasta que se tome una decisión sobre la validez de la misma. Esto significa que el litigio se encuentra en un punto muerto, lo que podría extenderse por varias semanas o incluso meses, dependiendo de la rapidez con la que se resuelva la recusación. La situación es compleja, ya que las reglas del Ciadi permiten que el demandado, en este caso Uruguay, tenga 21 días para responder a la solicitud de recusación, lo que añade más tiempo al proceso.

Históricamente, el Ciadi ha sido un foro utilizado por inversores para resolver disputas con gobiernos, y la cantidad en juego en este caso es significativa. La decisión de Neltume Ports de solicitar la recusación refleja una estrategia legal que busca asegurar un árbitro que consideren imparcial. En el contexto más amplio, este tipo de litigios puede afectar la percepción de los inversores sobre la estabilidad jurídica en Uruguay, lo que podría tener repercusiones en futuras inversiones en el país.

Para los inversores argentinos, la situación en Uruguay es relevante, ya que cualquier deterioro en la confianza hacia el sistema judicial uruguayo podría influir en las decisiones de inversión en la región. Además, el desenlace de este arbitraje podría establecer precedentes para otros casos similares en LATAM. A medida que el proceso avanza, es crucial monitorear las decisiones del Ciadi y las reacciones del gobierno uruguayo, así como la respuesta de Neltume Ports a cualquier desarrollo en el litigio.