Telefónica ha llevado su disputa legal contra el Estado colombiano a la Corte de Distrito de Columbia en Estados Unidos, buscando la ejecución forzosa de un laudo arbitral del CIADI que ordena al gobierno colombiano pagar entre 450 y 500 millones de dólares. Esta demanda se presenta tras el incumplimiento del gobierno del presidente Gustavo Petro, que no logró emitir una garantía bancaria internacional para respaldar el pago, lo que ha llevado a la operadora a tomar medidas legales en el extranjero.

El conflicto tiene sus raíces en un fallo de 2017, cuando un tribunal colombiano determinó que Telefónica y Claro debían pagar sumas significativas por la reversión de activos al Estado. En ese momento, Telefónica pagó aproximadamente 380 millones de dólares al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Posteriormente, la empresa española inició un arbitraje internacional, argumentando que la interpretación de la reversión de activos constituía un trato injusto, lo que llevó al CIADI a fallar a su favor en noviembre de 2024.

El laudo del CIADI, que incluye intereses compuestos del 5% anual, ha sido un punto de tensión entre Colombia y Telefónica. La incapacidad del gobierno colombiano para cumplir con la exigencia de la garantía bancaria ha sido interpretada como una señal de problemas fiscales en el país, lo que podría afectar su calificación de riesgo y la percepción de los inversores internacionales. La administración de Petro ha manifestado su desacuerdo con los mecanismos de arbitraje internacional, sugiriendo incluso la salida de Colombia del CIADI, lo que podría tener repercusiones en la atracción de inversiones extranjeras.

A medida que Telefónica avanza en su reestructuración operativa en Colombia, la empresa también está en proceso de vender su participación en Colombia Telecomunicaciones al grupo luxemburgués Millicom por 214 millones de dólares. Esta transacción, que se espera que se complete en el primer semestre de 2026, podría ser vista como un intento de la compañía de asegurar sus activos y minimizar riesgos en un entorno legal incierto. La demanda en EE.UU. parece ser un paso estratégico para garantizar el cobro del laudo antes de su salida definitiva del país.

Los analistas del sector están observando de cerca cómo se desarrollará este litigio en Estados Unidos y las posibles implicancias para la calificación de riesgo de Colombia. La decisión de la Corte de Distrito de Columbia sobre la admisibilidad de la ejecución forzosa será crucial. Si se acepta, podría abrir la puerta a embargos de activos colombianos en EE.UU., lo que podría intensificar la presión sobre el gobierno colombiano en un momento en que enfrenta múltiples desafíos legales y fiscales. Además, la estrategia de defensa de Colombia en Europa, buscando anular el fallo del CIADI, podría tener un impacto significativo en la percepción internacional del país como destino de inversiones.