El juicio por la expropiación de YPF ha entrado en una nueva fase tras la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que anuló la condena de primera instancia por US$16.000 millones contra Argentina. En respuesta, Burford Capital, el fondo que adquirió los derechos de litigio de las sociedades Petersen y financió la demanda, ha decidido trasladar el reclamo al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal arbitral del Banco Mundial. Esta maniobra busca no solo reactivar el litigio, sino también proteger un activo que sufrió una caída cercana al 40% en su valor tras el fallo favorable a Argentina.

La decisión de la Cámara de Apelaciones fue un alivio para el Gobierno argentino, ya que desarmó la condena económica que pesaba sobre el país. Sin embargo, la disputa no ha terminado. Los demandantes, respaldados por Burford, han anunciado su intención de redoblar esfuerzos, tanto en Estados Unidos como en el CIADI, utilizando el Tratado Bilateral de Inversiones firmado entre Argentina y España en 1991 como base para su reclamo. Este tratado les permite argumentar que la controversia debe ser resuelta en el ámbito del CIADI, donde Argentina tiene antecedentes negativos en arbitrajes internacionales.

Desde el año 2000, Argentina ha enfrentado numerosas demandas ante el CIADI, acumulando un total de 65 casos hasta 2025, con una tasa de derrotas cercana al 86%. Esto ha generado una preocupación considerable en el Gobierno, dado que el país ya enfrenta laudos adversos por más de US$10.000 millones. Aunque los laudos no se ejecutan automáticamente, los beneficiarios pueden buscar el reconocimiento de estos créditos en tribunales nacionales, lo que podría resultar en embargos si el Estado no cumple con los pagos. La situación se complica aún más por el hecho de que el CIADI limita el acceso a la información del caso, lo que dificulta la evaluación del avance real de la disputa.

Burford ha adquirido los derechos de litigio de Petersen por €15,1 millones, un dato que la defensa argentina intentará utilizar para cuestionar la jurisdicción del CIADI. Argumentarán que los beneficiarios finales de Petersen son argentinos y que las sociedades españolas involucradas carecen de una estructura operativa real, lo que podría debilitar el reclamo en el CIADI. Este punto es crucial, ya que el fondo necesita demostrar que las firmas tienen la condición española para invocar el tratado bilateral. Si no logra establecer esta base, el nuevo frente podría perder sustento.

Mientras Burford avanza en el camino arbitral, aún conserva una opción en Nueva York. Tienen plazo hasta el 8 de mayo para solicitar una revisión ante el pleno de la Cámara de Apelaciones. Si esa opción falla, el último recurso será solicitar a la Corte Suprema de Estados Unidos que revise el caso. Sin embargo, esta alternativa es considerada poco probable, ya que la Corte selecciona solo una pequeña fracción de los casos que recibe, priorizando aquellos con implicaciones directas en el derecho federal estadounidense. En este contexto, el eventual traslado al CIADI podría reabrir un terreno históricamente adverso para Argentina, lo que obligará al Gobierno a preparar una defensa sólida frente a un arbitraje internacional que podría reinstalar cifras multimillonarias en juego.