Perú ha recuperado su posición como el país de América Latina con más casos activos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), acumulando un total de 23 disputas. Este aumento en el número de casos se debe a la presentación de dos nuevas demandas en lo que va del 2026, superando a México, que contaba con 21 casos. Este cambio en el ranking pone de manifiesto la creciente tensión entre el Estado peruano y los inversionistas extranjeros, lo que puede afectar la percepción de riesgo en la región.

Entre las nuevas demandas, destaca la presentada por Upland Oil, que reclama una descalificación injusta para operar en el Lote 192, y otra por Blue Water Worldwide LLC junto a 12 empresas estadounidenses, que se quejan de un pago tributario excesivo. Ambos casos reflejan la complejidad del entorno regulatorio en Perú, especialmente en el sector energético, que ha sido objeto de controversias recientes. La situación se complica aún más con la percepción de que el Estado peruano no cumple con sus obligaciones de pago en tiempo y forma, lo que ha llevado a varias empresas a buscar la ejecución de laudos arbitrales en cortes estadounidenses.

La creciente cantidad de litigios en el CIADI podría tener un impacto significativo en la inversión extranjera en Perú, ya que los inversionistas pueden reconsiderar su exposición al riesgo regulatorio. Además, el gobierno peruano ha estimado que los arbitrajes podrían representar una exposición máxima del 9.28% del PBI, lo que equivale a aproximadamente US$ 30 mil millones en el peor de los casos. Esta cifra resalta la importancia de que el Estado mantenga señales claras de cumplimiento de sus obligaciones internacionales para no desalentar futuras inversiones.

El contexto actual sugiere que los inversionistas deben estar atentos a las decisiones del CIADI y a la evolución de las disputas en Perú, ya que podrían influir en la dinámica de inversión en la región. La tendencia de llevar disputas tributarias a instancias internacionales también podría extenderse a otros sectores, como minería e infraestructura, lo que añade un nivel adicional de incertidumbre para los actores económicos en el país.