La disputa entre Neltume Ports y el gobierno uruguayo da un nuevo paso esta semana, ya que el arbitraje internacional comienza formalmente en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Esta acción legal, que se remonta a hace dos años, busca compensaciones por un total de US$ 600 millones. Neltume Ports, que posee el 60% de Montecon, argumenta que el contrato firmado entre Uruguay y Katoen Natie para extender la concesión de Terminal Cuenca del Plata (TCP) perjudica sus intereses y viola el Acuerdo de Promoción de Inversiones entre Uruguay y Chile.

El caso se ha desarrollado en un contexto de creciente tensión entre inversores extranjeros y gobiernos de la región. En 2024, Neltume Ports decidió llevar su queja al Ciadi, alegando que la extensión de la concesión a Katoen Natie, una empresa belga, afectaba su capacidad de operar en el puerto de Montevideo. Este tipo de arbitraje no es nuevo en la región; de hecho, el primer arbitraje en este caso fue presentado por la canadiense ATCO, que posee el 40% restante de Montecon, por un monto de US$ 240 millones, también argumentando violaciones al acuerdo de inversiones.

El tribunal del Ciadi se conformó en julio del año pasado, y desde entonces ha habido intentos de negociación entre las partes, aunque sin éxito. La defensa uruguaya está a cargo del estudio internacional Arnold & Porter Kaye Scholer, lo que indica la seriedad con la que el gobierno está abordando este asunto. A pesar de los intentos de prórroga solicitados por Neltume Ports, el gobierno uruguayo ha decidido continuar con el proceso arbitral, lo que refleja una postura firme en la defensa de sus decisiones económicas.

Para los inversores, esta situación podría tener implicaciones significativas. La resolución del arbitraje podría sentar un precedente sobre cómo los gobiernos de la región manejan las concesiones y los contratos con empresas extranjeras. Un fallo favorable a Neltume Ports podría abrir la puerta a más demandas de otros inversores, lo que podría afectar la percepción de riesgo de invertir en Uruguay y en la región en general. Además, la situación podría influir en la relación comercial entre Uruguay y Chile, dos países que han mantenido lazos económicos estrechos.

De cara al futuro, es crucial monitorear el desarrollo de este arbitraje, especialmente la primera sesión programada para este viernes 29. Los resultados de este caso podrían tener un impacto en la confianza de los inversores en el mercado uruguayo y en la región. Asimismo, la evolución de la situación podría influir en decisiones de inversión en otros sectores, especialmente en aquellos relacionados con la infraestructura y el transporte, donde las concesiones son comunes. La atención estará centrada en cómo se desarrollan las audiencias y en las posibles repercusiones que un fallo podría tener sobre futuras inversiones en Uruguay y en la región.