Los fondos de inversión que litigan contra el Estado español por el recorte de las primas a las energías renovables han intensificado sus acciones legales, logrando que un tribunal estadounidense permita el embargo de activos españoles en el país. Esta situación se ha vuelto más crítica a medida que se aproxima el Mundial de Fútbol 2026, donde la selección española participará en Estados Unidos. Los demandantes han advertido que extenderán sus peticiones de embargo a todos los territorios donde el equipo nacional se desplace, lo que incluye potencialmente los pagos relacionados con su participación en el torneo.

Desde el último semestre de 2025, el Tribunal del Distrito de Columbia ha respaldado la idea de que España no puede invocar inmunidad soberana para evitar el pago de indemnizaciones reconocidas por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Esta decisión ha permitido a los acreedores solicitar el embargo de activos españoles en Estados Unidos y otros países europeos, donde la deuda acumulada por estos litigios supera los 1.800 millones de euros. La situación se complica aún más con la negativa del Estado español a satisfacer estas indemnizaciones, lo que ha llevado a los fondos a buscar nuevas vías para asegurar sus cobros.

Los acreedores, liderados por Blasket Renewable Investments, han solicitado información bancaria y contractual a proveedores de la selección española durante el Mundial, incluyendo empresas como Adidas y cadenas hoteleras. Esto se enmarca en un esfuerzo por identificar cualquier fuente de financiación que pueda ser embargada, incluyendo subvenciones públicas y contratos de televisión. La autorización judicial para rastrear activos en todo el territorio estadounidense amplía considerablemente las posibilidades de los demandantes para asegurar sus deudas.

La defensa del Estado español ha intentado frenar estas acciones, argumentando que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha limitado la validez de los arbitrajes entre inversores comunitarios y Estados miembros. Sin embargo, hasta el momento, sus esfuerzos no han tenido éxito. La situación legal se complica aún más con la reciente aprobación de nuevas órdenes de búsqueda que permiten a los fondos acceder a información sobre cuentas y flujos financieros en el sistema bancario estadounidense desde noviembre de 2021.

A medida que se acerca la fecha del Mundial, los inversores deben estar atentos a cómo se desarrollan estos litigios y qué decisiones tomará el Tribunal Supremo de EE. UU. en relación con la competencia del Tribunal de Columbia. Se espera que el 21 de mayo el Solicitor General emita su opinión sobre si el alto tribunal debe asumir el caso, lo que podría llevar a nuevas alegaciones y potencialmente a una sentencia después del verano. Esto podría tener implicaciones significativas para la economía española y sus relaciones con los inversores internacionales, así como para la reputación del país en el ámbito deportivo.