El Tribunal Supremo de España ha declarado nulo el registro único de arrendamientos turísticos, un sistema que había sido implementado para controlar el creciente número de pisos turísticos en el país. Esta decisión se basa en la consideración de que el Estado carece de competencias para establecer dicho censo, que había sido gestionado por los Registradores de la Propiedad y que registraba más de 341,000 viviendas, incluyendo 258,000 pisos turísticos y 83,000 alquileres de temporada. La sentencia, emitida el 19 de mayo y publicada recientemente, estima parcialmente un recurso presentado por la Generalitat Valenciana, que argumentó que la norma invadía competencias autonómicas ya existentes.

La creación del Registro Único de Alquileres había sido una respuesta a la presión de la Unión Europea para regular el sector de los alquileres de corta duración, que ha visto un aumento descontrolado en los últimos años. El registro fue puesto en marcha el 2 de enero de 2025 y se convirtió en obligatorio el 1 de julio del mismo año. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha determinado que este registro se superpone a los registros autonómicos, lo que ha llevado a su anulación. A pesar de esto, el tribunal ha mantenido vigente la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, que permite a las plataformas de alquiler como Airbnb y Booking transmitir datos a la administración.

El fallo del Tribunal Supremo ha generado un debate sobre la regulación del sector turístico en España. Las comunidades autónomas, que son responsables de la regulación del turismo, han expresado su preocupación por la falta de control sobre los alquileres turísticos y la posibilidad de que esta decisión permita un aumento en la oferta de alojamientos ilegales. Desde la implementación del registro, se han detectado más de 111,000 contratos de alquiler ilegales, lo que pone de manifiesto la necesidad de un sistema efectivo de control y regulación.

Para los inversores y operadores en el sector inmobiliario, esta decisión puede tener implicaciones significativas. La anulación del registro podría llevar a un aumento en la oferta de alquileres turísticos no regulados, lo que podría afectar los precios de los alquileres y la rentabilidad de las inversiones en propiedades destinadas a este tipo de arrendamiento. Además, la falta de un marco regulatorio claro podría generar incertidumbre en el mercado, lo que podría desincentivar nuevas inversiones en el sector.

A futuro, será crucial observar cómo reaccionan las comunidades autónomas ante esta decisión del Tribunal Supremo. El Ministerio de Vivienda ha instado a las comunidades a intensificar las inspecciones y controles sobre los alojamientos turísticos para garantizar el cumplimiento de la normativa. La próxima conferencia sectorial de vivienda, donde se discutirá el reparto de 7,000 millones de euros para un nuevo plan estatal, también podría influir en la regulación del sector. Los inversores deben estar atentos a los desarrollos en este ámbito, ya que cualquier cambio en la regulación podría impactar directamente en la rentabilidad de sus inversiones en el mercado inmobiliario español.