El economista Ignacio Munyo, director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), ha señalado la urgencia de que Uruguay aborde su problema de competitividad en un contexto internacional cada vez más complejo. En una reciente conferencia en Montevideo, Munyo destacó que la geopolítica está influyendo de manera significativa en las decisiones económicas y comerciales, lo que afecta directamente las posibilidades de crecimiento del país. En este sentido, la necesidad de reformas estructurales se vuelve imperativa para mejorar la competitividad y atraer inversiones.

Munyo argumentó que el nuevo orden internacional se organiza en bloques, donde los países democráticos concentran la mayor parte del producto mundial y del poder militar. Esta reconfiguración presenta desafíos para Uruguay, que históricamente ha mantenido una postura de neutralidad. Sin embargo, esta neutralidad ya no es un activo tan valioso como lo fue en el pasado, ya que las cadenas de valor tienden a organizarse entre naciones con afinidades políticas. Esto significa que Uruguay podría enfrentar dificultades para mantener sus relaciones comerciales y atraer inversiones en un entorno donde el costo político se ha vuelto un factor determinante.

El panorama económico global también muestra signos de enfriamiento, con un aumento en las tarifas comerciales y una desaceleración en las principales economías, como Estados Unidos, China y Europa. En la región, la situación es similar, con procesos electorales en Brasil y una reestructuración económica en Argentina que impactan directamente en el entorno de Uruguay. Munyo advirtió que la falta de inversión, que se encuentra por debajo del 16% del PIB, es un indicador preocupante, ya que se requiere un ratio del 20% para sostener un crecimiento económico saludable.

En cuanto a la competitividad, Munyo identificó tres áreas críticas: regulación laboral, regulación de la competencia y carga fiscal. Las debilidades en estas dimensiones requieren reformas profundas, que dependen no solo de capacidades técnicas, sino también de un respaldo social y político. La introducción de un proyecto de ley de competitividad por parte del gobierno ha sido vista como un avance, pero Munyo enfatiza que se necesita un apoyo más amplio para implementar cambios significativos en la regulación laboral y la carga fiscal.

Mirando hacia el futuro, Munyo sugirió que una revisión del gasto público podría liberar recursos para áreas prioritarias sin aumentar la carga tributaria. Esto incluye la tercerización de servicios y la reestructuración de programas que han demostrado ser ineficientes. Con proyecciones demográficas que indican una disminución en la población activa hacia 2045, la urgencia de estas reformas se vuelve aún más crítica. Los inversores deben estar atentos a cómo Uruguay maneja estos desafíos, ya que el éxito en la recuperación de la competitividad será clave para su estabilidad económica a largo plazo.