El bar Wachitas, ubicado en Ituzaingó 521 de Nueva Córdoba, ha sido objeto de controversia tras la reciente clausura por parte del Ente Municipal de Fiscalización y Control (EMFC). Este establecimiento, que ha cambiado de titularidad en varias ocasiones desde su apertura en 2016, enfrenta serias acusaciones de incumplimiento de normativas de seguridad e higiene. La clausura se produjo el 2 de junio de 2026, cuando se descubrió que se habían realizado modificaciones no autorizadas en el local, específicamente la demolición de una pared que separaba el bar de un espacio que había funcionado como verdulería durante la pandemia.

Desde su habilitación inicial, el bar ha tenido un historial problemático. Federico Miranda, María Belén Regueira y Luis Alberto Molina, miembros de la misma familia, han estado involucrados en la gestión de las habilitaciones del local. La última titular, Nicole Waiss, firmó un contrato de alquiler con un monto mensual de 2.100.000 pesos, con ajustes trimestrales según el índice de precios al consumidor. Sin embargo, la falta de cumplimiento de las condiciones de habilitación ha llevado a la revocación definitiva de la misma, acumulando tres clausuras en los últimos dos años.

El EMFC ha documentado múltiples deficiencias en el local, que incluyen problemas eléctricos, falta de señalización de salidas de emergencia y condiciones de seguridad inadecuadas. La situación se complica aún más por la conexión de Soledad Andreani, pareja de Claudio Barrelier, quien está acusada de encubrimiento en un femicidio. Andreani había estado involucrada en la gestión del bar, lo que añade una capa de complejidad a la historia del establecimiento.

La clausura de Wachitas no solo afecta a sus propietarios y empleados, sino que también tiene implicaciones para el sector de la noche en Córdoba. La revocación de la habilitación puede generar un efecto dominó en otros locales que operan bajo condiciones similares, lo que podría llevar a un mayor escrutinio por parte de las autoridades. Los propietarios de bares y discotecas en la región deben estar atentos a las normativas vigentes para evitar sanciones similares.

A futuro, los operadores del sector deben monitorear de cerca las acciones del EMFC y las posibles reformas en las regulaciones de habilitación. La situación de Wachitas podría ser un indicativo de un cambio en la política de fiscalización de locales nocturnos en Córdoba. Además, la investigación sobre el femicidio de Agostina Vega y la responsabilidad de los involucrados continúa, lo que podría tener repercusiones adicionales en la percepción pública y en la regulación del sector.