El Gobierno argentino ha anunciado una licitación para el 10 de junio, buscando renovar un vencimiento de deuda en pesos que asciende a $5,1 billones, el más bajo del año. Esta estrategia se enmarca en un esfuerzo por alargar los plazos de colocación de deuda, intentando llevarlos más allá de 2027, año en el que se celebrarán las próximas elecciones presidenciales. La Secretaría de Finanzas ha presentado un menú de instrumentos que incluye principalmente bonos nuevos, con cuatro de las cinco opciones con vencimientos entre fines de 2028 y mediados de 2030.

La licitación incluye bonos ajustados por CER y Dólar Linked, así como nuevos instrumentos que buscan atraer a los inversores en un contexto de alta incertidumbre. La estrategia del Gobierno se centra en evitar corridas cambiarias similares a las que se vivieron antes de las elecciones de medio término del año pasado. Esta licitación es la primera en la que se prescinde de instrumentos a tasa fija o ajustados por CER, lo que refleja un cambio en la política de colocación de deuda.

Además, se ha convocado a un canje del Boncer TZX26, que representa aproximadamente un tercio del total de vencimientos que superan los $23 billones para fin de mes. Esto se suma a la oferta de nuevos bonos duales, que buscan extender los plazos de vencimiento y aliviar la presión sobre las próximas licitaciones. La participación del sector privado en estos canjes es fundamental para descomprimir la carga de vencimientos.

El contexto de la licitación es favorable, ya que el Gobierno cuenta con depósitos que superan el doble de los vencimientos a enfrentar, lo que representa el ratio de cobertura más alto desde octubre de 2025. Esto sugiere que el mercado podría responder positivamente a la oferta, con expectativas de una tasa de refinanciamiento superior al 100%. Sin embargo, la ausencia de alternativas a tasa fija podría generar incertidumbre entre los inversores.

A medida que se acerca la fecha de la licitación, es importante monitorear la evolución de la liquidez en el mercado y la respuesta de los inversores a los nuevos instrumentos ofrecidos. La subasta también incluirá la oferta habitual del Bonar 2028, con un tope de US$200 millones, que será crucial para afrontar pagos a bonistas por un total de US$4,400 millones programados para el 9 de julio. La forma en que el Gobierno maneje estos vencimientos será clave para la estabilidad financiera en el corto plazo.