El Gobierno argentino está finalizando los detalles de un proyecto de reforma a la ley de Inocencia Fiscal, que busca incentivar la repatriación de fondos que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), se calcula que cerca de US$ 170.000 millones están en el denominado "colchón", es decir, ahorros no declarados que permanecen fuera del circuito formal. Esta reforma, que se espera sea presentada en el Congreso, tiene como objetivo corregir aspectos de la ley vigente y ampliar el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), facilitando así el acceso a más contribuyentes.

Una de las modificaciones más significativas es la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio que actualmente restringen el acceso al RSG. La ley vigente permite que solo quienes declaran ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones puedan adherir a este régimen. Con la nueva propuesta, se espera que más contribuyentes puedan beneficiarse de un esquema que les permita regularizar su situación fiscal sin la necesidad de exteriorizar sus ahorros.

El proyecto también incluye una limitación en las facultades de fiscalización del organismo recaudador, ARCA. Se establece que solo se podrá cuestionar una declaración cuando la discrepancia supere el 15% del impuesto determinado y el 5% del monto previsto para la evasión simple, lo que actualmente equivale a $5 millones. Esta medida busca brindar mayor seguridad a los contribuyentes, quienes podrán corregir sus declaraciones sin perder automáticamente los beneficios del régimen simplificado.

Además, se establece un plazo hasta el 31 de diciembre de 2027 para que los contribuyentes que adhieran al régimen puedan incorporar fondos no declarados al circuito formal. Durante este período, ARCA no podrá utilizar esos fondos como base para presumir ventas omitidas o ganancias no declaradas. Esta medida es clave para fomentar la inversión y el consumo dentro de la economía formal, lo que podría tener un efecto positivo en el crecimiento económico del país.

Sin embargo, el régimen mantiene ciertas restricciones, especialmente para los grandes contribuyentes, quienes no podrán acceder a la presunción de exactitud ni al "tapón fiscal". Además, las normas de prevención del lavado de activos seguirán vigentes, lo que implica que los bancos podrán seguir solicitando documentación sobre el origen de los fondos. La implementación de estas reformas será crucial para entender cómo se comportará el mercado en los próximos meses, especialmente en un contexto donde la confianza en el sistema financiero es fundamental para la recuperación económica de Argentina.