La recaudación del Impuesto a las Ganancias en Argentina se encuentra en niveles alarmantemente bajos, alcanzando apenas el 1,8% del PIB, muy por debajo del promedio de América Latina, que ronda el 2,2%. Esta situación ha llevado al Fondo Monetario Internacional (FMI) a poner en alerta al Gobierno argentino, instando a una reforma tributaria que debe ser presentada antes de diciembre de 2026. Sin embargo, esta reforma se enfrenta a un calendario electoral complicado, lo que complica su implementación.

El sistema tributario argentino ha sido objeto de críticas por su complejidad y distorsiones. Con más de 155 tributos vigentes, la mayoría de la recaudación proviene de unos pocos impuestos, lo que genera un sistema ineficiente. El FMI ha señalado que la dependencia de impuestos indirectos, como el IVA, es regresiva y afecta desproporcionadamente a los sectores de menores ingresos. En comparación, países como Brasil y Uruguay tienen estructuras tributarias que permiten una mayor recaudación a través de impuestos sobre la renta personal, con Brasil alcanzando un 3% del PIB y Uruguay un 4%.

La reforma del Impuesto a las Ganancias es crucial para aumentar la base de contribuyentes. Actualmente, solo el 8,2% de los trabajadores formales tributan, muy por debajo del 20% recomendado por el FMI. Para lograr esto, el Gobierno debería reducir el umbral de ingresos que determina quiénes deben pagar, actualmente fijado en $3.000.000 brutos mensuales para un trabajador soltero. Esta medida podría ampliar significativamente la base tributaria, incorporando a alrededor de 1.515.000 nuevos contribuyentes y generando un impacto fiscal proyectado de 0,4% del PIB, equivalente a aproximadamente 2.672 millones de dólares a valores de 2026.

La situación actual del impuesto ha sido afectada por cambios recientes en la legislación. En agosto de 2023, el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, elevó drásticamente el mínimo no imponible, lo que redujo la cantidad de contribuyentes a menos del 1% de los trabajadores formales. Aunque la administración de Javier Milei ha comenzado a revertir esta tendencia, el número de contribuyentes sigue siendo insuficiente para cumplir con las expectativas del FMI. La presión para implementar cambios es alta, pero el costo político de revertir las medidas populares implementadas anteriormente podría ser significativo.

A medida que se acerca la fecha límite de diciembre de 2026 para presentar la reforma tributaria, el Gobierno enfrenta un dilema. La necesidad de aumentar la recaudación fiscal se contrapone a la sensibilidad política de aumentar impuestos en un año electoral. Además, el ministro de Economía ha indicado que cualquier reforma debe ser consensuada con las provincias para reducir impuestos distorsivos como las retenciones. La presión del FMI puede servir como un argumento para justificar estas medidas impopulares, pero la implementación efectiva requerirá un delicado equilibrio entre la necesidad de ingresos y la respuesta del electorado.