La economía peruana ha mostrado un crecimiento del 3,5% en lo que va del año, impulsada principalmente por sectores no extractivos como la construcción y el comercio. Este crecimiento se ve respaldado por una demanda interna que se expande a un ritmo superior al del PBI, con un aumento del 6,6% en el primer trimestre. Además, la inversión privada ha crecido un notable 13,2%, lo que sugiere un ambiente favorable para el desarrollo económico. El empleo formal también ha tenido un desempeño positivo, con un incremento del 5,7% en el sector privado, lo que indica una recuperación en el mercado laboral.

Sin embargo, el nuevo gobierno, que asumirá en un contexto de incertidumbre electoral, enfrentará el reto de mantener este impulso económico. Para ello, será crucial que las nuevas autoridades envíen señales claras que reduzcan la incertidumbre y fomenten la inversión privada. Esto implica un compromiso con la estabilidad de las reglas económicas que han regido el país durante más de tres décadas. La percepción de estabilidad es fundamental para atraer inversiones que fortalezcan el crecimiento y la creación de empleo.

Otro desafío importante será la creciente inseguridad ciudadana, que ha desviado recursos significativos que podrían haberse utilizado para la inversión. Según estimaciones, Perú destina alrededor del 3,1% de su PBI, más de 10 mil millones de dólares, a la protección contra la delincuencia. Para abordar este problema, el nuevo gobierno deberá aumentar la inversión en inteligencia y equipamiento policial, lo que requerirá una reorientación de los recursos fiscales.

Por último, el nuevo gobierno deberá enfocarse en la sostenibilidad de las cuentas públicas. El Congreso saliente ha promulgado leyes que podrían aumentar el déficit fiscal de 1,9% a 3,5% del PBI en los próximos años, lo que podría llevar la deuda pública a más del 40% del PBI. Esto no solo afectaría la calificación crediticia del país, sino que también podría resultar en tasas de interés más altas para todos los actores económicos. La presentación de demandas de inconstitucionalidad sobre algunas de estas leyes será esencial para mitigar el impacto fiscal negativo.

En resumen, el nuevo gobierno enfrentará retos significativos que requerirán un enfoque pragmático y menos ideológico. La capacidad de las nuevas autoridades para elevar las expectativas económicas y sociales será fundamental para el futuro del país. Los próximos meses serán cruciales para observar cómo se implementan las políticas y si se logran mantener las tendencias de crecimiento y empleo en el país.